A pesar de que la factura electrónica ya estaba consolidada hace unos pocos años, la pandemia ha consolidado este documento electrónico como el principal medio de emisión y recepción de facturas en Europa.
No en vano, según un estudio elaborado por Seres, la totalidad de los países europeos ya utilizan la factura electrónica en sus transacciones comerciales. En el 80,43 por ciento, la facturación electrónica es obligatoria, mientras que en el 19,57% restante, las empresas lo utilizan de manera voluntaria.
Entre todos los países europeos destacan Italia y España, casualmente las dos regiones donde la covid-19 golpeó más fuerte hace tan solo un año. De hecho, estas dos naciones se han convertido en los principales referentes a nivel europeo, siendo ambos países pioneros en apostar por la introducción de la factura electrónica en el ámbito B2B.
De hecho, desde el 1 de julio de 2018, en España la factura electrónica es obligatoria para los proveedores de las administraciones públicas cuando el importe de los trabajos o servicios supera los 5.000 euros.
A ello se le ha unido la aprobación de la Directiva Europea 2014/55/UE, puesta en marcha el 18 de abril de 2020, en virtud de la cual todas las administraciones públicas estarán obligadas a recibir y procesar facturas únicamente en formato electrónico, dando un paso más en la consolidación de este documento electrónico como forma de regular las transacciones comerciales.
La Comisión Europea lleva muchos años como agente dinamizador de la factura electrónica, que ya está posicionada dentro de la Agenda Digital Europea como un elemento fundamental en las relaciones comerciales en el mercado común.