Era, posiblemente, una de las reivindicaciones más recientes de diversos colectivos, tanto del ámbito social como del ámbito profesional: la aprobación de un mecanismo de segunda oportunidad para que los deudores de buena fe pudiesen extinguir sus deudas en caso de insolvencia y no hipotecar el resto de su vida. Una reflexión de la que, incluso, ya nos habíamos hecho eco hace escasamente 15 días y que ha terminado por aprobarse.
En el Consejo de Ministros de ayer, el Gobierno aprobó el Real Decreto 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, en virtud de la cual se establece una segunda oportunidad en el ámbito concursal para deudores de buena fe con cargas que, además, incluye por primera vez a los particulares.
El objetivo de esta medida es conciliar los intereses de deudores y acreedores mediante un proceso de garantías y facilitar, de esta manera, el necesario proceso de desapalancamiento de la economía española. Durante el plazo en el que se realicen las negociaciones extrajudiciales, se suspenden las ejecuciones de los bienes necesarios para la actividad, incluida la vivienda habitual.
Asimismo, se mantiene la actual posibilidad de exoneración de deudas al concluir la liquidación y siempre y cuando se paguen los créditos privilegiados, además del 25% de los créditos ordinarios si no se ha intentado un acuerdo extrajudicial, tal y como se prevé en la actualidad.
No obstante, esta Ley de Segunda Oportunidad no contempla la exoneración de los créditos públicos de los particulares o pymes ni tampoco los relativos a los alimentos, según consta en el Real Decreto Ley que ha aprobado el Consejo de Ministros.
Esta medida constituye una buena noticia para aquellas personas que estén expuestas al riesgo de crédito aunque, evidentemente, no tiene carácter retroactivo. Habrá que ver cuál es el impacto sobre el coste de los préstamos a partir de ahora pero, por el momento, es una medida que nos acerca a los países más desarrollados, que ya contaban con legislaciones similares en este sentido desde hace mucho tiempo.
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