La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el tipo de relación laboral de los repartidores en bicicleta declarándolos como trabjadores por cuenta ajena y la puesta en marcha de la ley que prepara el Gobierno para tratar de clarificar juridicamente sus condiciones no debe ser una impedimiento para resolver el problema de los falsos autónomos más allá de esta ley Rider.
Se trata de una forma de relación laboral donde en la mayoría de los casos, la organización del trabajo, los medios, horarios, etc. dependen del empleador. Y no solo afecta a jóvenes que van en bicicleta repartiendo comida. Hemos visto como Inspección de Trabajo actuaba en sectores como la industria cárnica, pero también hay otros para profesionales como abogados, pilotos de avión o dentistas que se ven contratados bajo esta modalidad de falsos autónomos no solo TRADE digitales que pueden teletrabajar desde diferentes ubicaciones.
Además del empleado que no recibe una prestación según lo indicado en los convenios colectivos de cada sector, quien más pierde es la Seguridad Social, que está recibiendo cotizaciones muy por debajo de lo que debería, más todavía en el caso de que se hayan acogido a la tarifa plana. Un grave problema para unas arcas que no están prescisamente boyantes.
Esta fórmula para ahorrar costes laborales surgío precisamente durante la crisis económica de 2008. Estos falsos autónomos mantenían su relación laboral, pero no podían decidir cuándo, dónde o con qué medios iban a trabajar, sino que dependían de la empresa que les encargaba las tareas. Contratar autónomos tiene grandes ventajas para una compañía, pero también hay que asumir los inconvenientes y tener en cuenta que no se trata de un empleado, ni está a nuestra disposición en un horario fijo.
En el siglo XXI, donde la economía colaborativa ha llegado para quedarse hay que llegar a un compromiso entre la flexibilidad laboral y el respeto por los derechos laborales de los trabajadores. Porque el falso autónomo no es más que un atajo para pagar menos de lo que se debería a un emplado en muchos sectores y ahorrar costes con ello.
La cuestión es que o se legisla de forma efectiva, evitando que las empresas que utilizan este tipo de prácticas no les salga rentable utilizarlas, o vamos a multiplicar este problema puesto que muchas lo verán como una solución a sus problemas laborales en la crisis económica del COVID. Si tenemos un falso autónomo, no hay que incluir o crear ERTES, basta con dejar de encargarles trabajo.