Tal y como se ha realizado el proceso de los ERTES muchas empresas tenían cierta inseguridad jurídica a la hora de presentar los expedientes y claro está, luego vienen las sorpresas. Y luego están los que desde el principio ven la oportunidad de jugársela sabiendo que la realidad es que tienen pocas posibilidades de que sus expedientes sean revisados. Pero la realidad es que Inspección de Trabajo detecta irregularidades en uno de cada seis ERTES. Aumenta un poco respecto al porcentaje de 2020.
Los inspectores han encontrado motivos de sanción en 4.588 empresas de las 29.047 cuyos ERTE han supervisado, lo que ha supuesto el levantamiento de actas de infracción por valor de 21.965.703 euros. Los datos se han hecho públicos el Gobierno respondiendo a las preguntas del Senado (PDF).
¿Cuál ha sido el fraude más habitual? Que los trabajadores sigan ejerciendo su actividad en días de suspensión del contrato, ya sea por una obligación de empresa o por común acuerdo entre empleado y compañía. En el caso de aquellos que realizaban su trabajo desde casa la detección de esta infracción se complica, pero Inspección coteja las horas de conexión a través de VPN o los correos cruzados de los empleados en ERTE.
No se trata solo de la sanción, donde la media de las impuestas se sitúa en 4.787 euros, una cantidad que puede parecer no demasiado elevada. El problema es que las empresas tienen que devolver por un lado las bonificaciones de los seguros sociales que se hayan bonificado y hacerse cargo de los salarios de estos empleados en ERTE. Por su parte el trabajador tendrá que devolver las cantidades percibidas por el SEPE.
Otras de las infracciones habituales tienen que ver con la realización de horas extraordinarias en lugar de rescatar del expediente a empleados e incumplimientos de la obligación de comunicar las salidas al SEPE de los trabajadores.
La obligación de no despedir hasta 6 meses después de recuperar al último empleado del ERTE también ha resultado bastante frecuente. Aquí el problema está en que supone la pérdida de todas las bonificaciones percibidas por todos los empleados dentro del expediente, no solo de aquellos que habían sido despedidos.
Y precisamente esta cuestión ha sido uno de las fricciones entre los agentes sociales para intentar llevar a cabo un ajuste de plantillas que puede ser necesario en muchas empresas dado el cambio de la situación económica, dado que la situación pasa de ser temporal a prolongarse en el tiempo.
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