El Consejo de Ministros de hoy ha tratado el Anteproyecto de Ley por la que se modifica Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios y a través de la que se adapta la legislación española una Directiva comunitaria sobre los derechos de los consumidores. Esta medida afectará en buena medida al ecommerce ya que se trata de reforzar la seguridad jurídica de las transacciones a distancia.
Una de las medidas supone la amplíación de la información precontractual que habrá que facilitar a los consumidores y usuarios cuando se formalicen contratos a distancia y que tendrá que ser clara y comprensible.
La oferta no será vinculante para el consumidor hasta que éste la haya firmado o enviado su acuerdo por escrito ya sea en papel, por fax, correo electrónico o por un mensaje de SMS. De esta forma se asegura que el consumidor sea plenamente consciente de lo que está aceptando al garantizarse adecuadamente que recibe la información precontractual obligatoria.
Por otro lado se introducen nuevas garantías en cuanto a la posibilidad de renunciar o desistir del contrato. Se amplía el plazo de desestimiento de los 7 días hábiles actuales a 14 días naturales. En el caso de que no se hubiera informado al consumidor de que puede ejercer este derecho, el plazo queda automáticamente ampliado a 12 meses.
Esta nueva norma sobre el desestimiento incorporará un formulario común en Europa, que facilita el ejercicio de este derecho y que se tendrá que facilitar junto con la información previa al contrato.
Este Anteproyecto incluye medidas para evitar las denominadas "cargas encubiertas". El empresario tendrá que velar porque el consumidor, al realizar un pedido a través de Internet, confirme que es consciente de que éste implica una obligación de pago y el usuario siempre tendrá que aceptar el precio final antes de que concluya la transacción.
Si el empresario no obtiene el consentimiento expreso del consumidor para un pago adicional al acordado y, en su lugar, lo deduce utilizando opciones por defecto, el usuario tendrá derecho al reembolso del pago.
Esta nueva legislación entrará en vigor tras su trámite parlamentario y posterior publicación en el BOE.