En varias ocasiones, demasiadas por desgracia, hemos hablado de la dramática repercusión que las deudas de los Ayuntamientos están teniendo en la situación de las pymes. Hemos recibido un mensaje de un lector que nos expone su caso y que ilustra la triste realidad de la que hablamos
Debido a la falta de pago de facturas emitidas a varios ayuntamientos, algunas de más de 5 años, y ante la falta de respuesta de los mismos, pensaba acudir al juzgado a poner denuncias ¿Que posibilidades tengo de que sean aprobadas a tramite? Vale la pena o debemos seguir como hasta ahora y aguantar hasta que ellos quieran
Hemos solicitado más información a nuestro lector y la situación es esta. La deuda más importante es de un Ayuntamiento y se estima en más de 200.000 euros, correspondiente al suministro de material de oficina en los ultimos 10 años. Dejaron de suministrarle en el año 2008 por lo insostenible de la situacion y desde entonces todo han sido reclamaciones, entrevistas, buenas palabras pero que no se han materializado en la cancelacion de la deuda.
El año pasado se acogieron al plan que el ICO desarrolló para este tipo de situaciones. En pricipio fue aprobado, recibiendo un informe de dicho Ayuntamiento que habían entrado en el plan de saneamiento con una liquidacion de, aproximadamente, 186.000 euros y que cobrarían el 15 de septiembre del 2009. Al final tampoco cobraron por esa vía por un, aparente, problema con la entidad bancaria que había firmado el convenio.
Desde luego lo primero que hay que decir es que estar 10 años suministrando material a dicho Ayuntamiento sin que éste haya pagado durante todo ese tiempo lo que pone de manifiesto es que una buena parte del financiamiento de las entidades locales parte de los proveedores. Supongo que este Ayuntamiento considerará más importante atender otros pagos antes de liquidar las facturas pendientes de su proveedor de material de papelería, pero para la empresa de material a la que le deben 200.000 euros, eso le da igual.
¿Qué hacer? Desde luego, como dice el refrán, “es mejor un mal acuerdo que un buen pleito”, lo que deberían de hacer es intentar la vía amistosa y dejar como último extremo la opción judicial. Estos días volverán a reunirse con los responsables económicos del Ayuntamiento para volver a negociar el pago, esa es la mejor vía.
Durante mucho tiempo, una gran cantidad de pymes han luchado por hacerse con contratos o licitaciones con las Administraciones Públicas. El conseguirlo era garantía de seguridad en el cobro, estabilidad de la actividad empresarial e, incluso, garantia para obtener financiacíón. Para ello se rebajaban márgenes comerciales y se hacían los esfuerzos necesarios para poder optar a esas licitaciones públicas o contratos con la Administración.
Hoy en día todos esos esfuerzos sólo han servido para traer problemas a las empresas, siendo en algunos casos, su sentencia de muerte.
Ade más, este caso lo que nos plantea es cómo se aplica la ley de morosidad con la Administración. En teoría, antes de la reforma que rebajó el plazo de pago de las Administraciones a 30 días, el plazo máximo era de 60, ojo, sesenta días no diez años. ¿Qué efecto va a tener el nuevo marco regulador? como podemos ver ninguno. Por mucho que nos vendan que la ley va a suponer una solución a este enorme problema, ya vemos que no va a ser así.
Prometemos seguir el tema e informaros de su evolución…
En Pymes y Autónomos | Las deudas de las Administraciones
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