Acaba de anunciarse la aprobación del Anteproyecto de Ley integral de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Este nuevo texto incluye modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y de la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social y pretende actuaizar la exigencia de responsabilidades y el régimen infractor y sancionador en el orden sociolaboral.
Entre las medidas aprobadas destaca la posibilidad de ampliar de los nueve hasta dieciocho meses el período de comprobación por parte de la Inspección, previo al procedimiento sancionador, para supuestos de fraude especialmente complejos.
También la extensión del plazo para exigir la responsabilidad solidaria por incumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social en los supuestos de subcontratación, que pasará de uno a tres años. Además se elimina el límite de las sanciones por impago de la cuotas de la Seguridad Social que hasta ahora estaba fijado en 187.515 euros.
Se amplía el número de empresas sometidas a la obligación de contribuir a las prestaciones que recibirán los trabajadores de más de cincuenta años cuyo contrato sea extinguido en el marco de un despido colextivo decretado por empresas con beneficios.
También se rebaja de 501 a 101 el número de trabajadores mínimo de las empresas sometidas a esta obligación. Con esto se pretende limitar los incentivos al despido de trabajadores de más edad y contribuir a la prolongación de la vida activa de los trabajadores, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.
Se establece la supresión de las jubilaciones obligatorias pactadas en convenio colectivo, para evitar que se imponga la jubilación a estos trabajadores si desean continuar en su puesto de trabajo.
Esta medidas pasarán ahora su trámite parlamentario y podrán incorporarse enmiendas antes de su entrada en vigor tras su publicación en el BOE.
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