Al primer borrador ya criticado por sindicatos y empresarios se une una nueva propuesta que propone la reducción del periodo de cotización reconocido al trabajador cuando este sea regularizado por su empresa. De este modo se pasaría de reconocer un año de cotización a seis meses.
Este reconocimiento tendría un carácter retroactivo hasta el 1 de Enero de 2011, justo seis meses antes del fin del plazo de regularización voluntaria que se ha estipulado para el 30 de Junio en lugar de los doce meses de la primera propuesta.
La administración opina que estas medidas serán determinantes para sacar a la luz parte del empleo sumergido transformándolo en contratos temporales o indefinidos sin que las empresas asuman sanciones por haber tenido empleos bajo condiciones no declaradas. También se propone que las empresas puedan aplazar sus deudas con la Seguridad Social por una duración máxima de dos años.
Ni el borrador ni las nuevas propuestas contentan a la patronal ni a los sindicatos. Estos últimos se mantienen en reuniones para presentar una actuación conjunta para pedir que no sea aprobada por el Consejo de Ministros y remarcan que las nuevas propuestas no han sido debatidas con los agentes sociales.
Tras el periodo de gracia, subida de las sanciones
Los sindicatos consideran que las sanciones tras el periodo de gracia resultarán más agresivas y relevantes para los empleados que se encuentran en situación irregular que para las propias empresas contratadoras y eso no parece ni justo ni equitativo.
Respecto a las empresas, ven con recelo la medida especialmente por el hecho de que tras el plazo dado por la administración se aumentarán las sanciones superando los 187.000 euros. Además obligará a las empresas a tener que comprobar previamente a una subcontratación con otra compañía que estos trabajadores fueron dados de alta en la Seguridad Social pues en caso de sanción serán reconocidos como corresponsables.
El endurecimiento de estas penalizaciones se extiende aún más pues se plantea que las infracciones consideradas como "muy graves" supondrán la pérdida de los beneficios que se estén disfrutando en relación a los programas de empleo durante 2 años siendo efectiva desde el momento en que la sanción fue cometida, es decir, con posible carácter retroactivo.
El Gobierno tiene en sus manos una "patata caliente" y sin duda están siendo unas negociaciones complicadas aunque necesarias que deberían estar llegando a su fin. Estaremos atento a las resoluciones definitivas en cuanto se produzcan si bien de momento ya podemos decir que faltan muchos puntos en los que aproximar posturas, si es que hay verdadera voluntad por todas las partes para lograrlo, claro.
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