Después de que Luis de Guindos anunciase el pasado 13 de julio un adelanto en los pagos a cuenta de las empresas, parece que no va a ser cosa solo de un año. La medida estará vigente, al menos, hasta 2017. Y no se descarta que se prolongue también en 2018, en función de la evolución del déficit, según informa Europa Press.
Se trata de una consecuencia evidente de la articulación de esta medida. No debemos olvidar que no se trata de un aumento impositivo como tal, sino de una modificación del fraccionamiento de los pagos a cuenta (desde el 12% actual a entre el 20% y el 25% cuando se apruebe la medida), que se compensará cuando se produzca la liquidación efectiva del impuesto el año que viene. Supone, por tanto, una entrada de efectivo para las arcas del estado por un lado, que supone una salida el año siguiente.
En consecuencia, el año que viene volveríamos a sufrir del mismo déficit si no se mantiene el porcentaje de retención de los pagos a cuenta ya que, por un lado, aumentarían los gastos (al liquidar el impuesto de sociedades con un saldo negativo mayor para el Gobierno que este año) y, por otro, se reducirían los ingresos (al reducirse el tipo de retención de los pagos a cuenta).
Por tanto, aunque parecía que se trataba de una medida transitoria para enjugar el déficit del año en curso, la consecuencia de que no se convierta en una medida permanente puede ser aún más negativa. Lo más probable es que se mantenga esta medida al menos hasta que España ya no esté bajo el protocolo de déficit excesivo.
Evidentemente, falta un aspecto fundamental para que pueda ponerse en marcha: que se constituya el Gobierno y, por tanto, que el Ejecutivo pueda aprobar este decreto-ley, que se tramitaría en las Cortes mediante un procedimiento abreviado. El objetivo es que entre en vigor para aplicarse en los dos últimos pagos fraccionados que las empresas realizarán en octubre y diciembre.
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