Llevamos unos días escuchando noticias acerca de las negociaciones sobre los servicios mínimos que se están llevando a cabo en estos días con motivo de la convocatoria de huelga general. Siendo como es el derecho a la huelga un derecho fundamental no es lógico que se manipule un servicio estratégico, como el transporte, para que condicione el resultado de la convocatoria, a favor de quienes la organizan.
Aunque no me cabe lugar a dudas que el poder de convocatoria de los sindicatos es nulo, las razones en las que basan estas movilizaciones socavan aún más la iniciativa y, por ende, su resultado. Creo que ningún trabajador puede apoyar una huelga general en oposición a una reforma laboral que es imperativa en España, pero siendo promovido por unas organizaciones tan lejanas a los intereses de los trabajadores es imposible secundarla. A pesar de todo, yo sí que haría huelga general, pero por otras razones.
Las razones por las que convocaría una huelga general serían las de lograr reformas efectivas y no efectistas. De este modo me manifestaría en contra de:
Los sindicatos por ser unas entidades acomodadas, faltas de perspectiva y extemporéas en su actitud. En dos años de imparable crecimiento del desempleo no han tenido una manifestación a favor del empleo. Por el contrario, su única preocupación es mantener las rigideces de un mercado laboral anquilosado, evidenciando su alejamiento y desconocimiento de la realidad.
Por una reforma laboral que permitiese el acercamiento del estatus de funcionarios, trabajadores por cuenta ajena y autónomos. Siendo el contrato indefinido la única modalidad disponible, y no la maraña de modalidades de contratos y bonificaciones que se propone, y en el que la indemnización fuese decreciente y que nunca superase, en su conjunto, el salario de un año.
Por una reforma de las pensiones, en el que se defienda que la edad de jubilación efectiva sea a los 65 años, para todos y no como nos muestra la realidad que según los datos que barajen esta puede ser de 60,5 ó 62,5 En definitiva, evitar que al final sean los autónomos los únicos quienes alcancen la edad de jubilación, por necesidad y obligación, en beneficio de los trabajadores de las grandes multinacionales españolas cuyas edades de jubilación están entorno a los 55 o en el peor de los casos a los 60.
Por unos agentes sociales (organizaciones empresariales y sindicatos) implicados en la realidad del país y que concibiesen la negociación como un elemento integrador de propuestas con el objetivo de servir a la sociedad en su conjunto y no como un conflicto de intereses permanente e irreconciliable. Lo cual pone de manifiesto la incapacidad y laxitud de ambas partes.
En definitiva, medidas que permitiesen que la economía española fuese más flexible, pero también más justa, paritaria y mucho menos sesgada de lo que en la actualidad es y que algunos a toda costa están empeñados en mantener, por la inseguridad e incertidumbre que les provoca desconocer qué lugar tienen ellos en ese nuevo escenario de una sociedad y economía más abierta y menos intervenida.
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