El Real Decreto Ley 28/2018, de 28 de Diciembre, introdujo desde el pasado mes de enero importantes cambios en cuanto a la cotización de los autónomos. La más importante era, posiblemente, la mejora en las coberturas de estos trabajadores, a cambio de un aumento en las cuotas mensuales a la Seguridad Social.
Algunas de ellas, como el cese de actividad, suscitaron cierta polémica, especialmente si los requisitos para acceder a las mismas continuaban siendo igual de complejas que hasta ese momento. Ante tal desconcierto, el Gobierno prometió flexibilizar las condiciones para disfrutar de la prestación y resolver las solicitudes negativas, algo que por el momento todavía no se ha visto de forma palpable dentro del colectivo.
Sin embargo, una de las coberturas que menos ruido ha hecho, pero a la vez la más injusta no es otra que la de formación profesional. En teoría, cotizar por esta cobertura el acceso a la formación bonificada a través de los créditos de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Por desgracia, por el momento está limitada a los trabajadores que cotizan en el Régimen General.
Entonces, ¿por qué se obliga a los autónomos a cotizar por una cobertura a la que nunca van a poder acceder? En la Ley 30/2015, de 9 de Septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, se abre la puerta a que el autónomo pueda realizar formación bonificada a través de las Comunidades Autónomas y organizaciones representativas de los trabajadores autónomos.
Al fin y al cabo, el objetivo no es otro que facilitar el acceso a la formación profesional a los autónomos, pero todavía no hay ninguna norma que establezca al autónomo como el beneficiario de la formación continua. La única excepción la constituyen aquellos autónomos con trabajadores a cargo, que sí pueden acceder a esta formación por estar cotizando ya en el Régimen General.
Por tanto, y a no ser que se apruebe una medida favorable en los próximos meses, lo cierto es que esta cotización es, de nuevo, un auténtico robo. No en vano, el colectivo de los autónomos se vería enormemente beneficiado de esta medida, que llevan reclamando desde hace tiempo, y les permitiría actualizarse y mejorar la competitividad de su negocio.