La reciente cancelación del plan MOVES, que ha finalizado varios meses antes debido a la derogación del Real decreto ley 9/2024, se ha clausurado con incertidumbre para los trabajadores que estaban valorando la adquisición de un coche eléctrico. Un programa diseñado para fomentar la movilidad sostenible, que una vez más incluía deducciones y ayudas que ahora han quedado fuera de juego tras el rechazo del decreto “ómnibus” en el Congreso de los Diputados.
Esta decisión deja en el aire incentivos económicos clave, como la deducción en el IRPF de hasta 3.000 euros, que pueden ralentizar todavía más la transición hacia un parque automovilístico más sostenible, especialmente centrado en el ámbito laboral. Sin embargo, no es la única mala noticia...
La cancelación del plan MOVES
El plan MOVES, que ofrecía beneficios económicos a quienes apostaban por vehículos eléctricos, incluía deducciones en el IRPF de hasta 3.000 euros. Como recogía Cinco Días, las patronales Anfac y Faconauto han sido claras: “[es] necesario y urgente restablecer de modo inmediato, al menos, la prórroga del Moves hasta el 30 de junio y la deducción del 15 % del IRPF hasta 3.000 euros durante todo el ejercicio 2025. Sin ayudas, el objetivo de avanzar en la electrificación de la movilidad y la transformación de nuestra industria sería imposible de alcanzar”.
Los incentivos del MOVES estaban orientados a facilitar el acceso a tecnologías limpias y a contribuir a la reducción de emisiones contaminantes, pero España ha caído en el mismo error que el ejecutivo alemán. Tras la derogación del decreto ómnibus, estas deducciones han quedado en el aire.
Esto ocurre, además, en un momento especialmente complejo para el sector, que verá endurecidos los límites de CO2 por kilómetro en los vehículos nuevos. En el caso español, se traduce en la imposibilidad de acoger nuevos expedientes y en la inseguridad de que las ayudas y subvenciones de los actuales sean suficientes con el presupuesto asignado.
Sin transporte
Además, este decreto también incluía otras disposiciones de carácter tributario y económico que podrían haber aliviado la carga fiscal para ciertos colectivos, como la rebaja de miles de abonos y billetes.
Entre estas medidas destacaban ayudas para el transporte público y beneficios fiscales para mejoras energéticas en viviendas, que pueden afectar a trabajadores por cuenta propia que trabajan en el hogar.
La falta de aprobación supone un retroceso en términos de apoyo gubernamental a iniciativas que podrían beneficiar tanto a autónomos como a familias.
En el caso de los autónomos dependientes del transporte público, la anulación de las ayudas supone un golpe directo. Las subvenciones estaban destinadas a reducir los costos asociados al uso diario del transporte, un contexto donde los precios han experimentado un aumento considerable. Aunque podrían considerarse medidas complementarias, su desaparición agrava la situación de muchos profesionales que ya enfrentan un entorno económico desafiante.
IVA franquiciado, tarde
Por último, si bien se ha aprobado la posibilidad de acogerse al IVA franquiciado para todos aquellos autónomos con ingresos anuales inferiores a 85.000 euros anuales, los tiempos para este 2025 han sido ajustados (tanto, que se dio un mes extra de plazo para acogerse).
Si bien la medida permite simplificar las obligaciones fiscales para algunos colectivos (con algunos puntos importantes que tener en cuenta que detallamos aquí), su implementación ha generado dudas.
En primer lugar, quienes opten por este régimen perderán el derecho a deducir el IVA de sus compras, lo que podría impactar en su rentabilidad, y no todos los perfiles de autónomosp odrán acogerse todavía. Además, la rapidez con la que se introducen y ajustan estos cambios dificulta la adaptación de los autónomos a las nuevas normativas, obligándolos a replantear su gestión financiera.
En este sentido, a mediados del año pasado, Hacienda detuvo la legislación de los nuevos modelos fiscales, pues la mesa de trabajo llevaba un año sin reunirse por aquel entonces, según Eduardo Abad del UPTA. En estos últimos meses, todo el escenario se ha acelerado, pudiendo aprobar y lanzar las novedades para su aplicación a partir de este 2025, con unos tiempos en los que muchos trabajadores no han podido revisar el sistema de módulos.
En conclusión, el rechazo del decreto ómnibus y la prematura cancelación del plan MOVES no solo representan un obstáculo para el avance de la movilidad sostenible, sino también una carga adicional para los autónomos.
La pérdida de ayudas por valor de 3.000 euros en el IRPF es quizá el golpe más fuerte que encajarán los trabajadores que se estuviesen planteado un cambio de vehículo, y demuestra que la derogación del decreto ómnibus traerá cola y requerirá de medidas urgentes.
En un entorno tan cambiante, la planificación y el acceso a información clara y actualizada se vuelven imprescindibles para navegar estas transiciones con éxito. ¿Se consigue? Parece claro que no siempre.
Foto: FMT