60 días. Ese es el tiempo que marca la Ley de Morosidad para que las empresas efectúen sus pagos a los proveedores. Sin embargo, esta obligación parece no ir con las grandes constructoras que cotizan en el IBEX-35 que tardan de media, casi un año en pagar sus facturas, en concreto, 310 días, más de cinco veces más que el máximo permitido por Ley.
Así lo señala un informe elaborado por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y, en concreto, por el profesor Oriol Amat, consejero en los últimos años de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y que ha sido utilizado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) para denunciar este abuso.
La que más tarda es Ferrovial, que tarda casi año y medio en efectuar estos pagos (536 días), seguida de Acciona con 425; Sacyr con 337; FCC, 195; ACS, 188 y OHL, 184 días. Esta morosidad ahoga al pequeño empresario y le ponen en una situación comprometida, hasta el punto que obliga a muchos a echar el cierre.
De poco han servido las medidas impulsadas por este Gobierno. Ni la Ley de Morosidad, que ha establecido un tope máximo para el pago a los proveedores de 60 días para las empresas privadas y de 30 para las Administraciones Públicas, ni el Plan de Pago a Proveedores para que las Administraciones Públicas paguen a tiempo sus facturas (aunque bien es cierto que el retraso se ha reducido, está todavía lejos del máximo establecido por la Ley), ni siquiera la posibilidad de acogerse al IVA de caja, una posibilidad que precisamente ha sido vetada, en gran medida, por las grandes empresas.
La consecuencia principal y directa es evidente: el cierre de muchas pymes. La PMcM estima que cerca de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis lo han hecho por culpa por de la morosidad. Suma y sigue, y el problema sigue sin resolverse.
En Pymes y Autónomos | Las grandes empresas tardan en pagar a sus proveedores más del triple de lo que establece la Ley
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