Al menos, esa es la idea del Secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. Según ha explicado, como los autónomos pueden elegir la base reguladora por la que pueden cotizar, la mayoría decide hacerlo por las bases mínimas, mientras que tan solo el 1,5% de los trabajadores por cuenta propia decide hacerlo por las bases máximas.
Es decir, en el 82,5% de los casos, los autónomos cotizan por la base mínima cifrada en 850,26 euros mensuales que, una vez aplicado el tipo correspondiente, se quedan en una aportación de 256 euros mensuales a la Seguridad Social. Es decir, en muchos casos no existe una correlación real entre ingresos y cotizaciones y esto es, precisamente, lo que trata de evitar el Gobierno.
Para ello, se está estudiando la posibilidad de adecuar la cotización de los autónomos a sus ingresos reales, aproximando al máximo posible la base reguladora a estos ingresos, para lo cual tendrían que contar con la colaboración del Ministerio de Economía y Competitividad, con el fin de conocer cuáles son los ingresos que ha declarado el autónomo.
A su vez, las prestaciones se ajustarán a lo previamente cotizado. En la actualidad, cuando llega el momento de la hora de cobrar la pensión, la prestación es superior a lo que se había cotizado anteriormente, lo que obliga al sistema a prestarles una ayuda para que pueda siquiera igualar la mínima.
Sin embargo, con un debate de tan rabiosa actualidad como el de la sostenibilidad de las pensiones sobre la mesa, parece que las medidas del Gobierno en este sentido parecen ir encaminadas a aumentar la recaudación más que a cualquier otro motivo de equidad o justicia social.
Veremos qué ocurre en los Presupuestos Generales del Estado de 2014 que, como cada año, fijarán las nuevas bases e introducirán las modificaciones que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, junto con las asociaciones de autónomos, estimen convenientes.
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