Actualmente el Salario Mínimo Interprofesional, SMI, se sitúa en los 950 euros. La hoja de ruta del Gobierno cuando ganó las elecciones planteaba situarlo en el 60% del salario medio. Un objetivo muy ambicioso porque se partía de un nivel bajo, pero la economía crecía a buen ritmo. Y en esto llegó la pandemia y lo paró todo. Pero una vez que la senda de crecimiento se vuelve a consolidar han pensado que es hora de retomar el tema. Por eso se ha convocado a los agentes sociales para el 1 de septiembre para negociar la subida de este año y los sucesivos. El objetivo es llegar a 1050 euros de SMI en 2023.
Esto implica que por mucho que la subida de este año sea testimonial, se espera que suba entre 12 y 19 euros, en los años siguientes tendrá un fuerte aumento. El resultado es que para muchas empresas que tienen a empleados contratados por el salario mínimo sus costes laborales van a aumentar de forma importante.
Queda por ver hasta donde sube, porque lo lógico sería hacerlo por acuerdo entre patronal y sindicatos con el Gobierno arbitrando. Y no parece que en el seno de la CEOE estén muy por la labor de asumir estos costes salariales en un momento en el que se necesitan todos los recursos para hacer frente a las deudas contraídas durante estos meses de crisis.
Posiblemente este será el argumento, no tanto los beneficios empresariales, que si se recuperarán, sino la amortización de deudas que muchos negocios necesitan hacer en los próximos cinco o seis años. Hay créditos ICO que devolver, facturas en los cajones por pagar y también trabajadores en ERTE, casi 300.000 mil por recuperar.
En el debate está cómo afecta la subida del SMI a la generación de empleo. Los ortodoxos de la economía indican que tiene que ser un freno para la contratación. A mayor coste salarial, más reticencias a contratar. Más todavía con un reforma laboral en ciernes que puede introducir más rigidez en el mercado.
Sin embargo, hay otra corriente de economistas que defienden que la subida del SMI no tiene efectos importantes en la contratación. Es más, los efectos adversos que pueda tener en la generación de puestos de trabajo se ven mitigados al tener mayor poder adquisitivo una parte de la población, y con ello, se reactiva el consumo y se genera más actividad económica lo que a su vez ayuda a mejorar las cifras del empleo.
Lo que si parece claro es que una subida puede provocar el efecto adverso al que se quiere subsanar, el de los trabajadores pobres. La realidad es que con los fuertes incrementos de los años anteriores se vio un repunte de la economía sumergida en algunos sectores como el agrícola o el de empleados del hogar.
Lo cierto es que nos espera un otoño calentito en lo que a reformas se refiere. El Gobierno quiere acelerar, SMI, pensiones, reforma laboral, cotización por ingresos reales de los autónomos son solo algunos de los temas encima de la mesa. Convendría dejar sentadas las bases de los próximos años para que exista una seguridad jurídica que deje claro a los inversores como funcionará el mercado.