Apenas quedan unos meses para que en España se celebren Elecciones Generales y los partidos ya están afilando sus cuchillos.
Acabamos de asistir al primer rifirafe como consecuencia del anuncio de Rodríguez Zapatero de su intención de eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio si es reelegido Presidente, y las acusaciones del Partido Popular de plagiar una propuesta ya abanderada por Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, y que Rajoy incluyó en su programa electoral.
Pero lejos de esta polémica sobre quién llegó primero a la meta, reflexionemos siquiera brevemente acerca de qué supone este impuesto, como afecta a los empresarios y si es conveniente suprimirlo o no. Esencialmente, el Impuesto sobre el Patrimonio grava el patrimonio de las personas físicas, a 31 de Diciembre del año en curso.
Por Patrimonio la ley entiende "el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que sea titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder". Lo recauda el Estado, pero cede el 100% de su recaudación a las Comunidades Autónomas.
El legislador persigue una optimización de la utilización de los patrimonios para evitar su estancamiento. Sin embargo, en su afán recaudador llega a gravar por segunda vez objetos tributarios que ya habían sido gravados en otros impuestos, como el IRPF.
Están obligados a declarar las personas físicas cuya base imponible sea superior a 108.182,18 Euros, o cuando el valor de sus bienes o derechos supere los 601.012,10 Euros. Esto supone apenas unos 900.000 de los cerca 17.000.000 de contribuyentes españoles, y por ello es conocido como "el impuesto de los ricos".
Sin embargo los realmente acaudalados suelen conseguir eludir el pago de este impuesto, y los afortunados por tener rentas elevadas, pero no tan ricos, muchas veces no consiguen eludir el pago de este impuesto.
A pesar de que el pago apenas supone una media de unos 1.500 Euros por contribuyente obligado a afrontarlo, se trata de una situación a todas luces injusta por gravar por partida doble a un buen número de contribuyentes.
En general, esta medida no va a afectar a muchos empresarios, y prácticamente a casi ninguna Pyme.
Puesto que los países de nuestro entorno ya hace tiempo que se dieron cuenta de su anacronismo y lo suprimieron, y en nuestro sistema fiscal entró como una medida transitoria, creo que es oportuna su supresión, independientemente del signo político que la lleve a cabo.
Y en mi opinión, ya que el debate sobre nuestros impuestos parece haberse abierto, sería el momento de revisar los cimientos de nuestro sistema impositivo y rebajar un poco la presión fiscal que soportan con más dificultad las pequeñas y medianas empresas.
Vía | Europa Press Vía | El País En El Blog Salmón | Zapatero promete la eliminación del Impuesto del Patrimonio Imagen | Sanja Gjenero