Dentro de las negociaciones para un aumento del salario mínimo interprofesional los representantes de las empresas han propuesto que la subida sea diferente en función de la autonomía donde se implanta. La patronal lo argumenta recordando que los convenios colectivos se negocian de forma diferenciada en cada territorio. Por lo que tiene su lógica la propuesta del SMI asimétrico por territorios, pero pocas posibilidades de salir adelante.
En primer lugar porque el salario mínimo es una base común, precisamente como su nombre indica de mínimos. Los convenios suelen tener condiciones superiores a dicho salario mínimo. Y esto puede distorsionar la unidad de mercado en todo el territorio nacional.
Ejemplos de ofertas diferenciadas en salario por territorios no nos faltan. El argumento de si teletrabajas y vives fuera de Madrid, Barcelona, San Francisco o Nueva York... te pago menos está encima de la mesa. De hecho es muchas lo ven como una oportunidad para captar talento a menor coste laboral.
Por otro lado, en la negociación colectiva de convenios poco tiene que ver el coste de la vida y sus diferencias en un territorio u otro. Un ejemplo, poco tienen en común el convenio del metal en Euskadi con el de Islas Baleares. Siendo ambas comunidades de renta alta y un coste de la vida elevado, el convenio vasco ofrece una condiciones mucho más favorables, fruto entre otras cosas de la fortaleza negociadora de un sector del metal muy bien organizado sindicalmente.
En lo que no les falta razón a las empresas es en su reclamación de actualización de sus contratos públicos. Pongamos el caso de una concesión de limpieza de un edificio de una administración. El personal contratado lo hace por el salario mínimo y en la puja para ganar el contrato se calculó sobre esta base salarial. Si ahora se vuelve a subir, ¿quién asume dichos costes? Ya tienen que asumir gastos extras en energía o amortizar las deudas contraídas durante el COVID y este creen que podría esperar.
Pero lo cierto es que el principal problema del SMI es que ha estado congelado demasiados años y ha quedado muy atrás, incluso a pesar de las subidas de los últimos años. Si con un IPC situado en el 2,9% en el pasado mes de julio no se tocara dicho salario, la realidad es que estos trabajadores verían como su poder adquisitivo ha mermado.
La parte perversa del asunto es que dicha subida puede hacer que muchos ni siquiera tengan opción a tener un contrato y pasen a la economía sumergida. Un efecto que ya se observó con los pasados incrementos del SMI, pero que en un momento de crisis como el actual podría ser peor.
Además tampoco hay precedentes de que una negociación de un tema de este tipo se haya realizado por territorios. ¿Siguiendo esta lógica se podría hacer lo mismo con las pensiones mínimas? Lógicamente dependiendo del lugar de residencia el coste de la vida no es el mismo. No parece que sea lo más sensato.
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