El 31 de diciembre finaliza la moratoria concursal que facilitaba a las empresas en problemas la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores. A partir de esta fecha se iniciará el cómputo del plazo legal de dos meses para solicitar la declaración de concurso. Y según el Barómetro de los gA del mes de septiembre hay más de 130.000 empresas técnicamente en quiebra que deberían presentar concurso.
El principal problema se encuentra en que la mayoría de las empresas que presentan concurso acaban por hacerlo en la modalidad de liquidación, es decir, se cierra el negocio. Y esto supone no solo destrucción de tejido productivo, sino también pérdida de empleo.
De poco habrán servido ayudas, directas o a través de créditos ICO, ERTES y cualquier otra medida si al final el resultado es que la empresa no es viable. Esto por no hablar del problema que están generando a las que si son viables.
Según el estudio, el 26 % de las pymes atraviesan problemas de liquidez. El 8% presenta impagos ante la Seguridad Social y Hacienda; el 14 % encuentran problemas para pagar los alquileres, mientras un 27 % de los negocios tienen clientes morosos. Y esto supone un grave problema.
No es la primera vez que la salida de una crisis económica se ve ralentizada por una espiral de morosidad. Mi cliente no me paga, y yo no pago a otra empresa, que a su vez deja de pagar a una tercera. De esta forma se ven arrastrados hacia el abismo si no se corta dicha cadena. En parte las ayudas directas proyectadas por el Gobierno querían cortar dicha cadena, aunque el efecto no ha sido el deseado.
El problema como ha ocurrido en otras ocasiones es cómo se traslada la situación económica macro a la microeconomía. Es decir, por mucho que los indicadores muestren que se sale de la crisis si en las empresas no llega liquidez y se logran beneficios ahora será muy complicado remontar. Muchas tendrán en la campaña de navidad su última oportunidad, para remontar o en el peor de los casos para coger el dinero y salir corriendo.