La dilatación en los pagos continúa siendo una tónica habitual en España. Dejando atrás el tema de la morosidad, uno de los graves problemas que aquejan a las empresas, y que ha precipitado la caída de muchas pymes, lo cierto es que las grandes empresas exigen periodos de pago más amplios de los habituales, y esto supone problema de liquidez para las pequeñas empresas.
Tanto es así que según el último Informe Europeo de Pagos, elaborado por Intrum, el 16% de las empresas contratarían más si cobrase antes sus deudas, una cifra que nos sitúa solo cuatro puntos por debajo del conjunto de empresas de toda la Unión Europea.
Sin embargo, según el informe, los principales motivos por los que los pagos no se reciben a tiempo van más allá de los problemas financieros de los deudores, y se centran también en la intencionalidad de no pagar. De hecho, 1 de cada 5 empresas señalan los retrasos intencionados como la principal razón para contar con facturas vencidas en sus cajones en pleno cierre contable.
Llama la atención que el 20% de las empresas señalen también a la ineficiencia administrativa como la principal responsable de su situación financiera por culpa del retraso en los pagos. Un dato que contrasta con que también son quienes exigen periodos de pago menos dilatados, sobre todo si lo comparamos con las grandes empresas.
Esta situación, en conjunto, hace que España sea uno de los tres países de la Unión Europea con plazos de pago más largos para clientes corporativos (81 días), tan solo por detrás de Italia (87) y Portugal (83), y bastante alejadas de los países nórdicos como Finlandia o Letonia, donde las empresas y administraciones públicas tan solo se tarda 11 y 12 días, respectivamente, en abonar las facturas a sus proveedores.
La realidad es que la morosidad sigue siendo un problema endémico y estructural de la economía española. Ni la Ley de Morosidad ni el plan de pago a proveedores, diseñado para atajar todos estos inconvenientes, sirvieron siquiera para paliar estos retrasos.