La morosidad continúa siendo uno de los mayores problemas de las empresas españolas. Ya sea en las operaciones realizadas con clientes privados y especialmente con las administraciones públicas, lo cierto es que los impagos están causando un grave agujero en las finanzas empresariales que está siendo complicado combatir.
Si a ello le sumamos que, en muchos casos, las medidas llevadas a cabo para evitar los impagos son en el mejor de los casos insuficientes, el cóctel perfecto está servido. Y es que, según el Informe Europeo de Pagos 2018 para España elaborado y publicado por Intrum, realizado más de 9.800 empresas de 29 países de Europa, el 60% de las empresas admite pagar tarde de manera sistemática.
Sin embargo, se trata de un problema no suele estar previsto por los proveedores, ya que el 56% de las empresas españolas no toman las medidas habituales para protegerse ante impagos, como por ejemplo un seguro contra impagos. La razón es que, en la mayoría de ocasiones, los impagos no son suficientemente representativos en relación con su volumen de negocio, al representar tan solo el 0,7% de la pérdida de sus ingresos anuales por impagos, 1,3 puntos menos que en 2017.
En muchos casos, es un problema de difícil solución, pues se trata de gestionar pagos con empresas de una mayor entidad. El 51% de las empresas españolas recibe peticiones para ampliar los plazos de pago de las facturas por parte de sus clientes.
De ellas, el 42% termina cediendo ante sus clientes y acepta ampliar los plazos de pago, especialmente en aquellas operaciones en las que están involucradas grandes empresas. En total, el 64% de las compañías españolas encuestadas ha aceptado pagos con retraso de multinacionales, un 20% más de las que lo hicieron en 2017.
Imagen | Sonia From Marseille