El creciente deterioro del medio ambiente está provocando que por fin los gobiernos se tomen en serio el problema y se comiencen a presentar algunos cambios fiscales con el objetivo de penalizar a los productos que por su fabricación o uso resulten más perjudiciales para el medio ambiente. Se trata de aplicar la máxima que se está repitiendo por todos los medios de que 'el que contamina paga'.
Algunos ejemplos ya se han hecho visibles y han tenido una respuesta inmediata en el mercado por parte de los consumidores, como ha podido ser el impuesto especial gravado a los vehículos todoterrenos. La venta de todoterrenos se ha depreciado a favor de vehículos más económicos y ecológicos gravados con menos impuestos. Esta práctica poco a poco se verá aplicada en todos los sectores.
Cada vez son más los organismos oficiales que exigen a sus proveedores compromisos medioambientales y certificados de que aquellos productos que quieren contratar deben cumplir normativas de fabricación sostenibles con el medio ambiente.
Hasta hace relativamente poco tiempo, la comercialización de productos ecológicos era una cuestión de compromiso social. La mayor parte de la oferta de bienes ecológicos se dirigía hacia empresas con alto prestigio social y compañías comprometidas con el medio ambiente, empresas públicas y organismos oficiales. Se vendían como parte de un valor añadido y además con un precio más alto que un producto de similares características pero que no acreditaba esta condición. Aunque todo esto sigue ocurriendo en determinados sectores. Podemos tomar como ejemplo el mercado del papel, podíamos recibir ofertas de distribuidores de un papel denominado ecológico, cuya procedencia de la pasta procedía de bosques renovables y el proceso de fabricación eliminaba el cloro para blanquearlo. Se denominan papeles ecológicos.
Pero el problema que presentan estos papeles es su precio, hasta un 15% por encima de cualquier otro papel que no acredita su procedencia y no están libres de cloro en su proceso de blanqueo. Según esto, aquellas empresas que mediante sus hábitos de compra querían colaborar con el medio ambiente tenían que pagar por ello, debían pagar un coste más alto por un producto que cumpliera con una normativa de fabricación y manipulación. Todo esto cambiará en un futuro próximo y las políticas fiscales de los diferentes gobiernos tendrán que gravar con impuestos especiales a los productos que más contaminen.
La comercialización de productos ecológicos vinculada a cuestiones de prestigio, solidaridad y compromiso social, se disipará en la mayoría de los sectores y todo parece indicar que su aplicación será un imperativo para sobrevivir en los mercados en un plazo no demasiado largo de tiempo y se convertirá en una cuestión de competitividad y supervivencia.
Las empresas que estén aplicando o comiencen desde ya a tener en cuenta todos estos conceptos en los diferentes procesos de sus actividades productivas, tendrán ganados bastantes puntos en la próxima batalla que deparará el nuevo marco fiscal.
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