El Gobierno está dispuesto a acabar con una interpretación de la ley que estaban aplicando los jueces gracias a la cual cuando se producía la venta de la unidad productiva de un negocio o empresa en fase concursal para que quien compre una empresa en quiebra se haga cargo de las deudas con la Seguridad Social de la misma.
Tras la reforma introducida en la Ley Concursal, los jueces interpretaban que al ser una norma supletoria, podría decidir si aplicarla o no si las partes no se pronunciaban. Esta es la cuestión que el Gobierno pretende modificar y cortar de raíz. Sin embargo, choca con la legislación de la UE,que ya ha dictado sentencias dejando claro que estas deudas no se heredan.
La aplicación de esta medida pondría las cosas mucho más complicadas o incluso imposible para la venta de la unidad empresarial, con la consiguiente destrucción de empleo y las consecuencias económicas que puede tener para las cuentas de la propia Seguridad Social. Puede ser una medida contraproducente si lo que se busca es mantener el empleo.
Si el objetivo era facilitar que empresas con dificultades se mantuvieran abiertas este no parece ser el camino. Sobre todo porque tal y como apuntan con el decreto de segunda oportunidad, con quitas y periodos de carencia para cobrar de hasta 10 años parece que como siempre la fiesta la acabarán pagando empresas y autónomos acreedores de la empresa con problemas.
De esta forma no sólo no se solucionan los problemas de las empresas que entran en concurso de acreedores, sino que también se pone un clavo más en el ataud de otras empresas que pueden estar en dificultades y son acreedoras de ésta. Se crea así círculo de destrucción de empleo que desde luego no es la mejor forma de incentivar la economía, ni la solución para las pymes y autónomos.
Vía | Expansión
En Pymes y Autónomos | Tan solo una de cada cuatro empresas echa el cierre tras un proceso concursal
Imagen | Alan Cleaver