En épocas de crisis, todos nos acordamos de quienes peor lo están pasando. Personas a las que la coyuntura económica les ha afectado de forma violenta y que tienen que hacer verdaderos malabarismos para llegar a fin de mes. Los ciudadanos pedimos que la Administración no les olvide, en muchas ocasiones a costa de lo que sea. Sin embargo, poca gente se acuerda de uno de los colectivos que más está sufriendo las consecuencias de la crisis: los autónomos.
A pesar de las numerosas denuncias y propuestas que, tanto mis compañeros como yo, hemos lanzado en este mismo medio, la crisis no ha sino agravado la situación de estos profesionales. Las elevadas cargas administrativas y tributarias que tienen que soportar, unidas a los continuos impagos a proveedores por parte de la Administración, han sido solo algunos de los mayores lastres que han tenido que afrontar. Y es que nadie de nosotros, en su sano juicio, pagaría por trabajar.
No son pocos los trabajadores por cuenta propia que se ven obligados a rechazar proyectos y trabajos porque no pueden afrontar la carga que imponen tanto la Seguridad Social como Hacienda. La cuota de autónomos constituye un buen ejemplo de ello: aportar casi 261 euros al mes con independencia de nuestros ingresos. Una baja facturación hace que perdamos dinero por trabajar, lo que propicia un aumento de la economía sumergida y del fraude fiscal.
No hace falta ser un lumbreras para saber que una reducción en la cuota de autónomos supondría que muchos trabajadores que están trabajando en negro se darían de alta en la Seguridad Social. Evidentemente, esta opción no debería dar más derechos que los mínimos para comenzar nuestro negocio, mientras conseguimos despegar y consolidarnos en el sector.
Esta es, quizá, la principal diferencia entre los países que apoyan el emprendimiento y los que no. En Reino Unido, por ejemplo, los trabajadores autónomos cuya facturación no supere las 7.475 libras al año, tienen que pagar las tasas correspondientes al conocido como class 2, que comportan tan solo 12 euros al mes, pudiendo aumentar esta cantidad para beneficiarnos en el momento de nuestra jubilación.
En España, sin embargo, estamos lejos de ver una legislación similar. Este pago reducido constituye una auténtica utopía, a pesar de los esfuerzos de muchos por denunciar esta situación. Y no son pocos los profesionales acaban alimentando la economía sumergida, cosa que no justifico pero que, hasta cierto punto, puedo llegar a entender.
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