El Gobierno mantiene su lucha por intentar erradicar los falsos autónomos. Y para ello ha decidido imponer sanciones de entre entre 3.126 y 10.000 euros por cada trabajador afectado. Esto puede suponer que muchas empresas se lo piensen dos veces antes de tratar de contratar a alguien como falso autónomo, ya que el ahorro no es tal si la inspección les sanciona.
La medida está enfocada a disuadir a aquellos empresarios que quieran pasar empleados del régimen general al RETA, dado que la cotización mínima de los autónomos quedará un 15% más barata que la de un asalariado que cotice por lo mínimo. De esta forma muchas empresas podrían verse tentadas para pasar a sus empleados por autónomos.
Pero no solo se aplicará a estos casos, sino a todos aquellos en los que se detecten falsos autónomos contratados que deberían estar en el Régimen General de la Seguridad Social. Hasta ahora la inspección obligaba a la empresa a hacerse cargo de la diferencia en cotizaciones y regularizar el contrato. Pero realmente no se aplicaban sanciones.
Esto supone un incremento notable. Ya el hecho de que la inspección obligara a pagar la diferencia de cotizaciones suponía un importante desembolso para la empresa, especialmente si se habían acogido a la tarifa plana a la que ahora se pueden sumar dichas sanciones. Una cantidad suficiente para que muchas se piensen si utilizar estos falsos autónomos o no.
La parte negativa es que con una inspección con un número muy reducido de efectivos, pese a los aumentos previstos, seguro que muchos prefieren lanzar los dados al aire y jugársela. Al fin y al cabo si les sale bien el ahorro que logran va a ser muy notable.
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