Esta mañana la noticia destacaba entre todas en los informativos: el Pleno del Congreso ha aprobado por unanimidad tramitar una propuesta de ley del PSOE que insta a que sea obligatorio en 2023 una cuota femenina en los consejos de administración de las empresas cotizadas y avance en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y favorezca la conciliación.
Partiendo de la premisa de que en mi opinión los puestos de trabajo han de ser ocupados por personas válidas, sin importar cuál sea su sexo, si miramos el informe anual de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social que se ha presentado en el Senado: mujer joven, educada, con hijos y de nacionalidad española. Éste es el perfil de las personas en riesgo de pobreza en España.
La pobreza y la exclusión social tienen nombre de mujer
El mercado laboral ha dejado de servir de escudo protector contra la pobreza y contra cualquier atisbo de igualdad porque el 30% de las personas en esta situación tiene un empleo (precario). De este tipo de contratos no se libran tampoco los hombres, pero como viene siendo habitual, la mujer ocupa los primeros puestos.
El quid de la cuestión siempre es el mismo, la conciliación o la falta de ella y el hecho de que sea en su mayoría la mujer la que dedique más tiempo al cuidado de los hijos, de las tareas del hogar y del cuidado de los mayores. Cargas que multiplican su exclusión del mercado laboral y que empujan a que su nivel de ingresos sea menor.
Una cuestión política o un cambio de mentalidad
El tema de la discriminación es delicado. Son muchas las mujeres en puestos directivos que defienden que no existe tal discriminación pero sí reconocen que han de hacer un esfuerzo doble para demostrar su valía.
Que haya unanimidad en el Congreso para aprobar una ley que entraría en vigor en 2023 ¿es una buena noticia? Para empezar, esa discriminación y problemas de conciliación deberían abordarse desde ya en todo tipo de trabajos. Pero como reza el dicho: más vale tarde que nunca.
¿Qué demanda esta nueva propuesta de ley?
El permiso por parto a seis semanas obligatorias tras el nacimiento, destinadas a la recuperación de la salud de la madre, e introduce un permiso por nacimiento para el otro progenitor de seis semanas obligatorias.
Reconoce un permiso parental de 10 semanas de duración para cada progenitor, igual e intransferible, para el cuidado del menor de doce meses.
Insta a ampliar los supuestos de despido nulo a los padres que estén de permiso y a las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva, al tiempo que promueve la igualdad en el caso de las reducciones de jornada.
Algunos políticos afirman que esta propuesta de ley es exacta a la de 2007, por lo tanto ¿servirá de algo esta propuesta o este titular y su contenido se perderá como lágrimas bajo la lluvia, una vez más?
Imagen|Pixabay