Llevamos unos días con el corazón encogido, tras saber que el pesquero Alakrana ha sido secuestrado por piratas somalíes. Desde aquí, esperamos que la situación termine lo antes posible y que los marineros secuestrados (36 tripulantes, de los cuales 16 son españoles) sean liberados cuanto antes.
Este incidente ha abierto de nuevo el debate sobre hasta que punto debe proteger el Gobierno a sus ciudadanos en el extranjero y, en concreto, a las empresas que llevan a cabo actividades en otros países. Una cuestión nada baladí, ya que en nuestro país contamos con un gran número de multinacionales que operan en países geopolíticamente inestables.
Se han realizado varias propuestas para evitar los secuestros en aguas somalíes. Por un lado, se ha planteado la presencia de tropas españolas a bordo de los atuneros. En concreto, infantes de marina, cuya presencia iría orientada a disuadir a los atacantes. El gobierno se ha opuesto a esta posibilidad, argumentando que existen causas legales y operativas que lo impiden.
La otra posibilidad pasa por la contratación de seguridad privada por parte de los armadores. Esta solución, aunque factible (el Gobierno ha propuesto modificar la legislación correspondiente para que este personal pueda portar armas de largo alcance a bordo), ha sido rechazada por algunos empresarios, que afirman que es deber del estado proteger a su flota.
Hay varios elementos a considerar respecto a estas dos propuestas. Desde el punto de vista jurídico, los barcos con bandera española se consideran territorio nacional. En ese sentido, el Gobierno está obligado a su protección, así como a la de los ciudadanos a bordo. Sin embargo, tampoco debemos olvidar que el Alakrana, cuando fue secuestrado, se encontraba a 800 millas de la zona de seguridad en la que se encuentran los efectivos de la operación Atalanta.
En mi opinión, no creo que sea obligación del Estado proteger a las empresas cuando operan en el exterior. Al menos, no más allá de la protección y servicios generales que ofrecen las embajadas. Si vamos a realizar una actividad en una zona caliente, es nuestra responsabilidad considerar todos los medios necesarios para ello. Del mismo modo que, cuando una multinacional envía a un ejecutivo a un país africano peligroso le asigna guardaespaldas, los atuneros deberían haber contado con seguridad propia desde hace mucho tiempo, aún más cuando sabemos que este problema de piratería no es nada nuevo. En este sentido, creo que el Gobierno y la Unión Europea han desplegado medios suficientes para la protección en la zona.
Por otro lado, el Gobierno debería acelerar los trámites para la aprobación de la normativa que regule la presencia de mercenarios a bordo, donde se especifiquen las normas de enfrentamiento bajo las que podrán operar, así como el armamento a utilizar en caso de ataque.
Aunque a más de uno le llene de patriotismo la idea de desplegar tropas para solucionar nuestros problemas, no es un recurso factible. Si no, pensad por un momento en todas las situaciones potencialmente peligrosas a las que se enfrentan nuestras empresas en el exterior: Repsol opera pozos de petroleo y gas en Libia, Argelia y Brasil; Banco Santander cuenta con sucursales en Sudamérica, donde las nacionalizaciones sorpresa están a la orden del día. ¿Vamos a tener que enviar soldados cada vez que ataquen una plataforma petrolífera o que un caudillo amenace con nacionalizar? Es una opción irrealizable desde el punto de vista diplomático, económico y operativo.
