100 economistas han presentado una propuesta de reforma del mercado laboral de España con unos criterios que deben ser al menos consideradas por el ejecutivo. Este grupo de economistas instan al Gobierno a actuar en varios frentes que son:
Simplificar el actual abanico de contratos . De tal manera que todos los contratos serían indefinidos salvo el contrato de interinidad. Esta medida que disminuiría la burocracia, el maremagnum de posibilidades en la contratación, distintas bonificaciones y subvenciones así como todos los parches que se han llevado a cabo con las diversas reformas laborales desde los años 80. Simplificar los tipos de indemnizaciones por despido Y establecer a la vez un baremo progresivo en estas indemnizaciones. Equipararía un contrato indefinido en su primer año de duración a un contrato temporal, por ejemplo en donde primaría más la estabilidad laboral que otras cuestiones. Los baremos que se colocan encima de la mesa van desde los 10 días por año trabajado hasta cerca de los 36 días por año de servicio en un período laboral de diez años.
Elevar el gasto por desempleo a corto plazo y reducirlo a largo plazo para incentivar la búsqueda de empleo como retribución regresiva en el tiempo. Esta medida me parece genial. No se crea la desprotección económica que se sufre en la actualidad en caso de desempleo, recordemos que de entrada nos quedamos con el 70% de la base de cotización con un límite irrisorio a la par que se motiva fuertemente en la búsqueda de otro trabajo.
Modernizar el sistema de negociación colectiva para que los acuerdos de empresa que se alcancen entre empresarios y trabajadores puedan prevalecer sobre los convenios de ámbito superior. Los acuerdos individuales priman fundamentalmente sobre los convenios colectivos, pero esta no me gusta. Un acuerdo de mínimos es importante para fijar unas reglas de juego homogéneas en las relaciones entre empresas y trabajadores.
Cambiar la gestión de los Servicios Públicos de Empleo con una mayor participación de las agencias privadas de contratación. Por supuesto. Los servicios públicos dilapidan ingentes cantidades de dinero en donde no presentan los resultados esperados. Una privatización plena de la intermediación laboral generaría mayor eficiencia en el dinero que se destina por parte de la administración.
Es más, optaría directamente por su supresión, dados los resultados que presentan absolutamente todos los servicios públicos de empleo en las labores de reubicación de parados.
Revisar al alza los topes máximos de cuantía de las prestaciones porque "no son muy generosas y sí son muy amplias" y apoyan que aumente su cuantía al principio y se reduzca progresivamente. En la actualidad, caer en IT de larga duración puede ser un verdadero calvario para cualquiera. Este punto requiere una modificación urgente y que elimine la carga que representa para la pyme y el perjuicio para el propio trabajador.
De entrada son medidas que modifican sustancialmente la actual estructura del mercado laboral, en donde yo añadiría una reconversión retroactiva de todos los contratos suscritos con anterioridad con el objetivo de equiparar todas las condiciones laborales de todos los trabajadores. La pregunta es ¿qué opinará Corbacho de estas medidas?
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