No cabe duda que vivimos momentos de incertidumbre que está teniendo un gran impacto en la economía de nuestro país y nuestro mercado de trabajo. Este año, hemos experimentado una desaceleración en el empleo como consecuencia del el retroceso del consumo interno. Los autónomos a un ritmo 6 veces menor al año anterior, lo que augura un 2020 complejo y preocupante para el colectivo.
Por esta razón, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha publicado una batería de 40 propuestas en favor de los trabajadores autónomos. Entre ellas, destacan varias reformas estructurales en varios campos para que el nuevo Ejecutivo que salga de las urnas después de las elecciones Generales del 10 de noviembre pueda trabajarlo.
Posiblemente, la reforma de mayor calado se centra en la reforma del sistema de pensiones. Su propuesta se basa en adaptarlo a la realidad socio laboral en pro de una protección social universal e independiente. Pero no deja de lado otras cuestiones como la reforma en el Estatuto de Trabajadores, para que la legislación laboral sea más flexible, o el impulso a la formación.
Como medidas concretas, ATA propone una exención en el pago de la cuota de autónomos para aquellos trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos no superen la mitad del SMI anual, una tarifa de 30 € para menores de 25 años que estén cursando formación universitaria, superiores reglados o formación profesional, y una tarifa de 60 € para autónomos con ingresos inferiores al SMI durante dos años prorrogables.
Además, también propone un impulso al empleo femenino, a través de una tarifa plana de 30 € para mujeres que trabajen en el ámbito rural, igualdad en el acceso a las ayudas previstas para las trabajadoras por cuenta ajena del ámbito rural o una ampliación de la tarifa plana de 60 euros de 12 a 24 meses para las autónomas que se reincorporen a la actividad tras la maternidad, entre muchas otras.
Sin embargo, para poner en marcha todas estas medidas es necesario que exista un Gobierno que proporcione estabilidad, moderación y dotar de seguridad jurídica al entorno para que la actividad se desarolle en un contexto de certidumbre normativa y económica.