Que el objetivo del actual Gobierno es situar el salario mínimo interprofesional en el 60% del salario medio no es una novedad ni una sorpresa para nadie. Incluso los representantes de las empresas lo tienen asumido, la cuestión es más bien de plazos, cuándo y cómo. Porque la subida del SMI a 1.000 euros llegará en 2020 o incluso antes.
Es una medida que debe hacerse con el acuerdo entre los agentes sociales, pero ya existen precedentes de que este trámite se produzca por Real Decreto antes de finalizar el año. Hay una hoja de ruta clara y por muchos que los sindicatos quieran otorgarse el tanto, la realidad es que si se produce estarán satisfechos. No tanto la CEOE o alguna asociación de Autónomos, puesto que para llegar a 1.000 euros el SMI tiene que subir un 11%, un porcentaje difícil de digerir en un año para muchas empresas.
El problema es que en 2019 las empresas ya han tenido que afrontar una subida del 22%. Quizás llegar a 1.000 euros en 2020 sea demasiado, pero el incremento no estará muy lejos de esa cantidad. Es una medida que va en el programa de los dos principales partidos que apoyarían al Gobierno. Incluso no sería descartable que se aprobara para meter presión, tanto a partidos con los que negocia como a oposición, al ser una medida que podría facilitarle más votos.
La parte negativa está en cómo afecta esto al empleo, donde no hay consenso a la hora de valorarlo. Algunos creen que destroza el empleo, sobre todo evaluando el crecimiento económico de España en solitario, sin tener en cuenta la resto de la economía de la UE. Para la OCDE no supone tanto problema al partir de unos datos muy bajos. Una cuestión diferente será un crecimiento sostenido en varios años tal y como se ha anunciado.
De todas formas las recientes declaraciones de Pedro Sánchez no parece que este vaya a ser el camino. En todo caso las empresas harían bien en provisionar más fondos para pagar salarios, puesto que la subida total en 2023 supondrá un fuerte incremento en costes laborales. Por no hablar de cómo afectará a los puestos que se encuentren por encima del SMI y que verán como se igualan, que lógicamente también reclamarán sus subidas.
En una legislatura que se va a afrontar con reformas sociales de calado, parecería una temeridad iniciarla sin el consenso de agentes sociales, por lo que quizás la subida del SMI tenga que esperar previsiblemente a la aprobación de los presupuestos, con tiempo para negociar con patronal y sindicatos. Parece lo más lógico, pero ¿alguien puede descartar otras opciones?
