El pasado martes 25 de mayo, la Comisión de Hacienda en el Congreso aprobó la Ley contra el Fraude que incluye, entre otras medidas, la reducción en la limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas desde los 2.500 hasta los 1.000 euros, en el supuesto de operaciones entre empresarios.
Pese a que esta medida ya había sido introducida hace unos años, el comercio no ve con buenos ojos esta nueva limitación al uso en efectivo. Así lo han advertido algunas organizaciones del sector comercial, como ANGED, CEC, ACOTEX, y FECE.
De hecho, España es uno de los países que están menos preparados para poner en marcha una medida que ya ha sido aprobada en otros países. Según datos del Banco Central Europeo, el 83% de las operaciones de compra son en efectivo, diez puntos más que la media europea.
Y todo ello en un contexto de reducción de consumo que ha causado la pandemia y las consecuentes reducciones. Esto ha tenido un impacto gravísimo en el sector del comercio, con una caída del 16 por ciento en el consumo, más de 60.000 empleos destruidos y más de 20.000 millones de facturación perdida.
Lógicamente, el sector del comercio comparte la necesidad de la lucha contra el fraude fiscal en España, porque penaliza la competitividad de las empresas que operan dentro de la Ley. Sin embargo, también sostienen que es desproporcionado implantar un límite tan bajo para las operaciones en efectivo porque limita la propia libertad de elección por parte del consumidor, poniendo bajo sospecha a cualquier cliente que realice compras en el comercio por valor superior a 1.000 euros.