El pasado 6 de Junio, el Consejo de Ministros, dentro del Plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, aprobaba reducir las comisiones máximas por operaciones con tarjeta, lo que, aunque no lo parezca, es una mala noticia. Mala noticia para los bancos, para los comercios y para los usuarios.
Esta rebaja va en paralelo con la Propuesta de Reglamento Europeo sobre la materia, y deja la comisión máxima para las operaciones con tarjeta de debito en un 0,20% y la de crédito en un 0,30%. ¿Por qué digo que es malo no sólo para los bancos si supone una reducción de costes para los establecimientos comerciales?
Pues básicamente debido a que el intervencionismo en los precios siempre conduce a consecuencias indeseadas. El limitar los precios, el establecer salarios mínimos o precios máximos es algo que le chirría a cualquier empresario, y sin embargo aplaude con las orejas, en una visión de corto plazo, este atentado contra la libre competencia.
Seamos claros, con esta reducción se limita el atractivo del sector para que reciba nuevas inversiones que lo desarrollen, se centra todo en el precio y no en el desarrollo de servicios añadidos. ¿Quien va a invertir ingentes cantidades de dinero en el desarrollo de un parque de TPV y asimilados para ver como una y otra vez el Estado recorta sus ingresos?
Así, nuevos operadores como iZettle o Square, difícilmente podrán competir con los gigantes ya asentados, al tener que jugar con una de precios idéntica para todos cuando lo que ofrece cada uno es diferente.
A corto plazo, y tras la euforia, uno sospecha que se va a repercutir el coste de los TPV inmediatamente a los cliente según se les coloque, que la oferta va a ser restringida, que tardarán más en desarrollarse nuevas funcionalidades, etc.
Una gran noticia, si se me permite la ironía.
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Imagen | La Moncloa
