El sistema de estimación objetiva, más conocido como sistema de módulos, siempre ha sido visto como un foco de fraude fiscal. Sus especiales características para ciertos negocios han llevado al Gobierno a limitar de manera progresiva el número de autónomos que podían acogerse a este sistema. El objetivo no es otro que todos los autónomos tributen por estimación directa y el sistema de módulos desaparezca.
Pero, ¿cómo tributan los contribuyentes acogidos a módulos? La Agencia Tributaria (AEAT) ha publicado la estadística Rendimientos de actividades económicas por primera vez, y de ella se desprende una realidad cuando menos extraña: el tipo efectivo de los contribuyentes acogidos al sistema de módulos en su modalidad no agrícola en el IRPF fue del 7,27% en 2016.
Desglosado por tipos de módulos, el tipo efectivo atribuible del comercio, restaurantes, hospedaje y reparaciones fue del 8,14%; el de la construcción fue del 7,36% en 2015 (sin datos disponibles en 2016); el del transporte y comunicaciones, del 2,17%; el de instituciones financieras, seguros y servicios prestados a empresas y alquileres, del 1,82%.
Para poner en contexto esta cifra, podemos recurrir al tipo efectivo medio pagado por el total de los contribuyentes que tributan por IRPF en ese mismo ejercicio fiscal, que ascendió al 18,14%. En lo que respecta a los empresarios, los tipos efectivos medios fueron del 20,33% los empresarios individuales, y del 21,9% los empresarios por atribución de rentas. Y los asalariados tuvieron un tipo medio efectivo del 17,69%.
Pero el régimen de módulos supone una auténtica injusticia para los contribuyentes que tributan por el método de estimación directa, cuyo tipo efectivo medio ascendió al 20,83%. Es decir, 13,56 puntos porcentuales menos. Una diferencia abismal que hace que sea urgente acometer la reestructuración completa del sistema de estimación objetiva, pospuesto sine die por el último Gobierno de Sánchez.
Actualmente, tributan por módulos los autónomos cuyos rendimientos íntegros no superen los 250.000 euros, cuando la facturación a otros empresarios o profesionales no rebase los 125.000 euros y cuando las compras en bienes y servicios superen los 250.000 euros. La intención de la Agencia Tributaria es reducir el límite de rendimientos íntegros hasta los 125.000 euros.