Los autónomos y pymes tienen externalizados multitud de servicios, entre ellos las labores de asesoría fiscal, laboral y contable en muchos casos. Uno de los puntos más espinosos siempre por la rigidez y cambios normativos es el área laboral, encontrándose subcontratada esta función en más del 95% de las pymes.
Cuando alguno de nosotros nos dirigimos a cualquier asesoría de este tipo, solemos pedir pagar lo mínimo posible, tanto por los sevicios recibidos como por nuestras obligaciones fiscales o laborales y evitar cualquier tipo de problema futuro.
Normalmente, nos dejamos asesorar, pagamos nuestras facturas y hacemos lo que nos dicen. Los problemas vienen cuando hay asesorías que te mandan cartas como la siguiente, dando opciones sobre aspectos legales que son inamovibles:
Hasta aquí todo correcto, nos comunican una actualización de IPC marcada por convenio, se hace la correspondiente llamada, se le explica a la empresa que eso tiene que hacerlo si o si y asunto concluido. Hasta que llega una segunda carta (cito textualmente):
...por lo tanto deberá indicarnos antes del próximo 20 de mayo si la empresa da conformidad a lo establecido en tal convenio, poniendo en su conocimiento que la inspección de trabajo está haciendo una campaña de comprobación si los atrasos establecidos en los respectivos convenios se cumplimentan de acuerdo con lo citado anteriormente.
¿Qué buena es la asesoría! Se nos da la posibilidad de cumplir o no con una obligación formal, aún sabiendo que es nuestra obligación cumplirla como es cotizar y pagar los atrasos correspondientes, y aún así piden autorización para preparar los susodichos atrasos.
La asesoría tiene que asesorar sobre aspectos legales, no dejar caer que algunas cuestiones de cumplimiento optativo cuando en realidad no lo son. Como es obvio, después de la primera llamada, en la que se dijo, tu cumple con lo que diga el convenio, se dió por zanjado el asunto, hasta que llegó la Inspección de Trabajo.
Cuando llega la inspección de trabajo, se lia la fiesta nacional, por lo que el cliente y empresa conocida por mi parte, abandona susodicha asesoría y recibe esta carta en todo de despedida (cito textualmente):
...en dichas comunicaciones anteriores, se solicitaba, con independencia de su obligatoriedad, su confirmación de satisfacer tales atrasos y por ello su obligación de cotización, interesando a este despacho su ratificación telefónica
A la empresa le ha costado la pasta la inspección que ha pasado, dado que no se habían llevado a cabo dichas liquidaciones de atrasos en ninguno de los años. El comportamiento de este asesor en particular, raya aspectos de ciencia ficción. ¿Os imaginais que nos tuvieran que llamar todos los trimestres para pedir ratificación expresa de presentación del IVA o de la declaración de la renta?
En este caso particular que expongo, les ha costado el dinero bien costado por las oportunas sanciones e intereses de demora correspondientes. Externalizar los servicios es maravilloso, pero ¿en manos de quién y qué términos acordamos la externalización en la pyme?
Imagen | cyph3r
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