Juan Carlos López-Hermoso, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), denunció hoy la existencia de "palos en las ruedas" de las empresas para superar la crisis y abogó por suprimir el impuesto de transmisiones patrimoniales, que grava la compra-venta de empresas que no cotizan en Bolsa y que alcanza el 7% del valor de la operación.
López Hermoso manifestó que "muchas operaciones entre empresas no se han producido al final por el extracoste que supone el impuesto", y acusó al Gobierno de "inacción" para consensuar con las comunidades autónomas la eliminación de esta "traba impositiva". Los asesores fiscales piden la derogación del artículo 108 de la Ley de Mercado de Valores, que somete al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales las transmisiones de bienes inmuebles entre distintas empresas.
Para ello han redactado un documento de 25 páginas que han remitido a la Agencia Tributaria y a las consejerías de Economía de las CC.AA. "Es un tributo fósil que va en contra de la libertad de empresa", dijo Eduardo Gracia, coordinador de la sección de precios de transferencia de la Aedaf, "el gravamen era razonable en su origen, pero que ha tendido hacia la distorsión por motivos recaudatorios, pese a que su impacto en los ingresos del Fisco son mínimos" apuntó .
Gracia presentó el informe elaborado por otros nueve miembros de la Aedaf, incluido el presidente, y cuestionó la constitucionalidad del tributo, al establecer restricciones en el mercado recurriendo al interés general. "El fraude fiscal es de interés general, pero no puede servir de excusa para establecer un supuesto de fraude en todas las operaciones", argumentó.
Los asesores fiscales apuestan por un ITP "más residual" que se aplique sólo entre particulares, aunque también consideran, siempre y cuando cuente con la supervisión y el respaldo de la Comisión Europea, su limitación en los supuestos en los que la transmisión de activos esté exenta de IVA o en los que éstos no estén vinculados a la actividad empresarial de la compañía.
Además, aconsejan reedefinir el concepto de toma de control, con el fin de ajustar el gravamen a las operaciones de adquisición sobre más del 80% del capital social, así como a aquellas en las que los activos representen el 80% de los inmuebles en España.
Por último, el presidente de la Aedaf se mostró optimista respecto a la acogida de su propuesta entre los responsables de Economía de las distintas regiones para acordar una eliminación de esta "barrera a la flexibilidad empresarial". "Estamos recibiendo el feeling de algunas comunidades", concluyó.
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