La Ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha manifestado la intención del Gobierno de aprobar próximamente una serie de medidas que sirvan para reducir el impacto de la crisis en el colectivo de los autónomos.
Aunque aún están en estudio y se está consultando con diversos colectivos, ha avanzado que se podría dar un plazo de hasta cinco años para que abonen sus deudas con la Seguridad Social y se ampliará de uno a dos años el plazo mínimo desde la primera diligencia para poder embargar su vivienda habitual.
El cese de una actividad empresarial suele tener unas graves consecuencias para el patrimonio de los autónomos, por eso se está buscando una fórmula para que esas consecuencias sean más limitadas o al menos que se flexibilicen los procedimientos de reclamación de las deudas que se arrastran de esas situaciones.
El autónomo arriesga casi siempre su patrimonio en el momento en que decide emprender una actividad empresarial o profesional, bien sea avalando con el mismo los instrumentos financieros necesarios para esa actividad o porque la Administración deriva automáticamente las deudas tributarias o con la Seguridad Social que puedan producirse.
Una vez que esa actividad no puede continuar normalmente el autónomo se lleva "una mochila" cargada de dudas que ha de asumir lo que, en el peor de los casos, supone perder su patrimonio.
Evidentemente no se puede pedir que las deudas desaparezcan, pero sí sería importante que se ofrecieran mecanismos flexibles para poder afrontar esos pagos sin que, además del propio impacto de perder el negocio, el autónomo se vea asfixiado por la posibilidad de perderlo todo.
Esperamos que las medidas se aprueben cuanto antes, ya son muchos los autónomos que han tenido que cerrar sus negocios y que están ahora mismo en esta situación. Para ellos y para los que vengan será una gran noticia que pueda haber una mejor solución a su problema.
En Pymes y Autónomos | España no es país para autónomos Imagen | La Moncloa