La ejecución de los fondos europeos se ha convertido en un desafío para varias administraciones locales y autonómicas en España. Mientras el programa NextGenEU busca revitalizar las economías tras la pandemia, los problemas de gestión y los retrasos han llevado a la pérdida de millones de euros en ciudades como Logroño, Burgos y Alicante.
Ahora, Canarias también enfrenta una carrera contrarreloj para evitar que se pierdan otros 1.000 millones de euros ya asignados. Entre los retos, se presentan errores administrativos, de calendarización, gestión ineficiente de los proyectos, burocracia, falta de coordinación entre las administraciones... Mientras, Europa avisa: "Esto es una oportunidad perdida", señaló el Banco Central Europeo.
Muchos fondos, pocos recursos
El programa Next Generation EU fue creado en 2020 con un presupuesto de 750.000 millones de euros para impulsar la recuperación económica en Europa. Con un enfoque en sostenibilidad y digitalización, España es uno de los principales beneficiarios, con cerca de 140.000 millones asignados. Sin embargo, la correcta ejecución de estos fondos ha planteado un reto considerable, especialmente en administraciones con recursos limitados o procesos burocráticos complejos.
En Logroño, por ejemplo, la gestión ineficiente de proyectos clave ha llevado a la devolución de millones de euros en uno de los casos más destacados: el de la calle San Antón, donde la falta de avances obligó a la ciudad a renunciar a dos millones de euros en subvenciones.
A esto se suman otros proyectos cancelados o modificados, como la remodelación de la calle Sagasta y un voladizo en la A-13, que también implicaron pérdidas significativas. Hoy, su alcalde asume que se han perdido 6 millones de euros de los fondos.
En Burgos, los errores también han salido caros a la Administración local. La ciudad ha perdido más de 2,6 millones de euros para el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones, mientras que Alicante se ha perdido un millón de euros para remodelar la Avenida de Jijona, debido a retrasos en las obras que debían finalizar en 2023.
Próxima parada: Canarias
En este contexto, Canarias tiene un desafío enorme: ejecutar más de 1.000 millones de euros en menos de dos años. Hasta mediados de 2024, solo se había ejecutado el 30% de estos fondos, lo que obliga a una aceleración significativa para evitar su devolución. La Consejería de Transición Ecológica es una de las más afectadas, con más de 15.000 expedientes pendientes y una ejecución inicial de apenas el 8 %.
El Gobierno canario ha anunciado medidas para agilizar la gestión, como la reestructuración de personal y la reducción de trabas burocráticas. En este sentido, parece que la experiencia de otras ciudades y comunidades autónomas ha supuesto un golpe de efecto para la isla.
Sin embargo, el tiempo apremia, y la posibilidad de perder estos recursos amenaza con agravar las desigualdades territoriales y comprometer proyectos esenciales en energía y sostenibilidad en el medio y largo plazo.
El tiempo se agota
En cualquier caso, la incapacidad para gestionar los fondos europeos tiene un impacto directo en la economía local y regional: proyectos cancelados significan menos empleo, inversiones y modernización en sectores clave como infraestructuras y energía. Además, la devolución de fondos afecta la reputación de las administraciones y podría limitar el acceso a futuros recursos europeos.
Sin embargo, hay varios factores que explican estas pérdidas, como una notable burocracia que se une a la falta de personal especializado (según el BCE, ha sido ineficaz e incompleta), los problemas para coordinar administraciones locales, autonómicas y nacionales y las presiones inflacionarias que han reducido el valor real de los fondos asignados.
Según el economista Javier Santacruz, "el efecto positivo [de los fondos europeos] se ha ido diluyendo conforme pasa el tiempo" por tres grandes problemas: inseguridad jurídica, falta de técnicos y poca coordinación.
La pérdida de fondos europeos no es solo una cuestión administrativa; es una oportunidad desaprovechada para transformar la economía y mejorar la calidad de vida en las comunidades locales. España, con casos como Logroño, Burgos, Alicante y ahora Canarias, enfrenta el reto de mejorar su gestión pública para evitar que estas situaciones se repitan. Con miles de millones en juego, el tiempo se agota, y la necesidad de actuar es más urgente que nunca.
En boca de los analistas, no obstante, hay varias cuestiones que no deben quedar opacadas por los fondos europeos, entre ellas, los problemas de la validación de la reforma de las pensiones en el marco de las ayudas, que pasará factura en el equilibrio fiscal español en el medio plazo, la baja productividad inherente en el sistema (solo ha crecido un 0,5 % pese a los fondos) y su aplicación mayoritariamente pública: solo 1 de cada 4 euros ha llegado a la economía real de las empresas.