Ha llegado el momento. Después de dos meses, ayer domingo 12 de abril entró en vigor la nueva normativa que obligará a todos los empleados a fichar en su trabajo. Esta nueva regulación se explica por la necesidad de registrar las horas extra y evitar, de esta manera, que exista trabajo sin remunerar ni cotizar.
No en vano, cada vez son más las horas extras que se realizan en las empresas españolas. En 2017 en España se hicieron 148 millones de horas extra remuneradas, la cifra más alta en los últimos 10 años. Sin embargo, según la Audiencia Nacional, esta cantidad tan solo representaba algo más del 50% de las horas extras.
Las multas por incumplir el decreto irán desde 626 a 6.250 euros para las empresas que no registren la jornada laboral. Sin embargo, las prisas del Ejecutivo por poner en marcha un sistema de este tipo está provocando el caos entre las empresas y los empleados, muchas de las cuales no tienen ni siquiera previsión de implementarlo a corto plazo.
La propia ministra de trabajo en funciones, Magdalena Valerio, ha reconocido las dificultades que están teniendo las empresas para implementar un sistema de este tipo. De hecho, ha insinuado que, al menos al principio, los inspectores de trabajo no van a imponer sanciones o, al menos, instó a las empresas ayer a las empresas a cumplir «sin agobios» pero «con seriedad» el decreto y afirmando que la Inspección actuará desde el día 13 «con cabeza, mesura y sentido común».
Algunas asociaciones de pymes y autónomos ya han puesto el grito en el cielo. Cepyme, por ejemplo, calificó de desproporcionada e innecesaria la obligación del registro tras recordar que va contra los procesos renovadores de la gestión de los recursos humanos en las empresas, basados en la confianza y la implicación de los trabajadores. La CEO ya manifestó en su momento su negativa a la puesta en marcha de un sistema de registro horario en las empresas.
Lorenzo Amor, presidente de la ATA, por su parte, ha asegurado que los autónomos están desconcertados y preocupados porque la nueva norma carece de la necesaria seguridad y certidumbre jurídica para desarrollar su actividad. Además, ha instado al Gobierno a desarrollar un reglamento para tener más claros los objetivos de la misma.
Sea como fuere, todas las empresas tendrán que implementarlo tarde o temprano. A pesar de que la intención del Ejecutivo es, por el momento, ser flexibles, llegará un momento en que las empresas se arriesgarán a multas.