La consolidación del crowfunding como método alternativo de financiación ha sido la excusa perfecta que ha encontrado este Gobierno para imponer su regulación en España, al estar comenzando a tomar carta de naturaleza como sistema de intermediación financiera a través de Internet.
El anteproyecto de Ley que está encima de la mesa fijará el régimen jurídico de las Plataformas de Financiación Colectiva, sociedades que ponen en contacto a una pluralidad de inversores con los promotores que buscan financiación para su proyecto, limitando las aportaciones de los inversores a un máximo de 3.000 euros en el mismo programa o 6.000 euros en varios programas a lo largo de un período de doce meses.
Además, se establece asimismo el importe máximo de captación por parte de cada proyecto de financiación participativa no podrá ser superior a 1 millón de euros, debiendo además contar con un capital social igual o superior a 50.000 euros o, en su defecto, tener un seguro de responsabilidad civil con una cobertura anual de 150.000 euros anuales. En caso de incumplir todas o alguna de estas normas, el infractor se podría enfrentar a una multa que oscila entre 25.000 hasta 200.000 euros anuales y la prohibición de operar durante un plazo de cinco años.
Sin duda, esta nueva normativa supone un paso atrás en la búsqueda de financiación alternativa. El crowfunding se está consolidado en España como una fórmula alternativa a la financiación bancaria y mueve ya cerca de 10 millones de euros anuales. En Europa ronda ya los 750 millones de euros y 2.700 millones de euros a nivel mundial.
Y es que, desde mi punto de vista, la medida choca con otras emprendidas por este mismo legislativo para facilitar vías alternativas de financiación ante la escasez de crédito bancario, como la constitución de fondos de capital riesgo. Es difícil de explicar esta medida de limitar las aportaciones voluntarias a un proyecto de crowfunding, sin las cuales muchos proyectos empresariales no hubiesen podido realizarse.
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