La entrada del nuevo Código Penal el pasado 1 de julio sancionará tanto a personas como empresas que copien programas sin autorización, pudiendo llegar hasta la suspensión total de las actividades de las empresas infractoras por cinco años.
Los derechos de autor de software estarán más protegidos porque la asociación de fabricantes de programas que persigue la piratería BSA, han logrado que el uso fraudulento de programas por parte de las empresas se pague con multas de hasta 280.000 euros.
Este comportamiento habitual tanto en particulares como empresas, conllevará la suspensión de las actividades de la empresa infractora por un plazo máximo de cinco años. Y lo más grave aún, podrá hablarse de la disolución de la empresa que cometa la ilegalidad para poder llevar a cabo cualquier clase de actividad.
A destacar un punto importante la empresa que comenta delito también quedará inhabilitada para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social. Eso será así por un plazo que no podrá exceder los 15 años.
En cuanto a los administradores de las empresas que cometan fraude, las penas previstas para los delitos contra la propiedad intelectual podrían alcanzar, en determinados caso, los cuatro años de privación de libertad, además de multas similares a las previstas para las personas jurídicas.
A modo de conclusión, ¿merece la pena arriesgar el futuro de nuestra pyme por un supuesto ahorro?
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Imagen|Daniel Dionne