Después de varios meses de debate parlamentario y aprobación de enmiendas, parece que la Ley de Autónomos por fin va viendo la luz. De hecho, todo hace indicar que julio será el mes definitivo de su aprobación, aunque la entrada en vigor será progresiva a lo largo de los meses siguientes.
Pero, además, ya sabemos el coste que la Ley de Autónomos tendrá para el contribuyente: 1.000 millones de euros, al menos según los cálculos de Alberto Nadal, secretario de Estado de Presupuestos.
Más de la mitad del impacto de esta nueva ley provendrá de la extensión de la tarifa plana de 50 euros, que pasará de seis meses a un año para los nuevos autónomos o para aquellos que lleven dos años sin actividad.
De hecho, esta partida, que hasta ahora había estado financiada por la Seguridad Social, pasará a ser cubierta directamente por los Presupuestos Generales del Estado, lo que implicará un coste para las arcas públicas de entre 600 y 700 millones de euros para los nuevos Presupuestos de 2018.
A esta medida habrá que sumarle otras deducciones y partidas que también pasarán a ser financiadas por los Presupuestos Generales del Estado, como la deducción de los costes de manutención o los costes de suministro para aquellos que trabajen desde casa, que tendrá un coste de unos 300 millones de euros para el erario público.
En líneas generales, la mayor parte de este coste vendrá por la parte de ingresos, y no tanto por la del gasto público, afectando de forma negativa a la recaudación del estado y teniendo consecuencias negativas sobre otras medidas que se están debatiendo, como la reducción en el IRPF.
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