Según datos facilitados por la Federación de Autónomos ( ATA) los Ayuntamientos adeudan a las pymes unos 6.000 millones de euros. Debido a eso, una de cada cuatro pymes tienen que cerrar por no poder esperar más a que dichos Ayuntamientos les liquiden sus deudas.
El temor de ATA es que con la entrada en vigor de la nueva Ley, que prohibe el endeudamiento de las Administraciones Locales, no hay perspectivas de que esta situación mejore y el cumplimiento de la Ley de Morosidad, que obliga a las Administraciones a pagar en 30 días, será imposible.
Josep González, el presidente de Pimec la patronal de pymes catalanas, anuncia que “la situación de cobro ya es de por sí muy precaria porque los plazos son prolongados, si los ayuntamientos no pueden endeudarse y a falta de una ley de financiación local, las pymes se ven abocadas a más retrasos, lo que puede conducir a muchas al cierre”.
Estamos ante la última burbuja que ha surgido en nuestra economía, la burbuja de las Administraciones. Ya tratamos este tema en un post meses atrás, en él hacíamos referencia a eta situación, cada vez más insostenible.
El Gobierno ha tomado una medida para atajar esta situación antes de que la burbuja explote, la cuestión es si esta decisión no será contraproducente. Es evidente que el endeudamiento sin control ha llevado a esta situación, pero prohibir el acceso al crédito de todos los Ayuntamientos del país puede suponer, según las organizaciones empresariales, más retrasos en el cobro de esas deudas como consecuencia de la congelación de los pagos de las entidades locales.
Además eso traerá consigo licitación pública cero y en consecuencia menos trabajo y el cierre de una vía de ingresos para mucha pequeña empresa y en último extremo más desaparición de tejido empresarial. Al final es lo de siempre, cuando la manta es corta, si tapamos la cabeza, destapamos los pies y si tapamos los pies nos quedamos con la cabeza al aire.
En Pymes y Autonomos | A vueltas con la Ley de Morosidad
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