El Gobierno, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) va a poner en marcha una serie de líneas de financiación para que los ayuntamientos puedan pagar las facturas que tienen pendientes con empresas y autónomos.
La apertura de estas líneas del ICO constaba en una de las enmiendas de la Ley de Morosidad que se introdujo en el Senado y que se aprobó en el Congreso, si bien, la puesta en marcha de esta iniciativa se está retrasando por su complejidad.
Ya tratamos, en post anteriores, que la aprobación y puesta en marcha de la Ley de Morosidad, lejos de servir de ayuda a las pymes que se ahogan por el alto índice de impagos, podría resultar más asfixiante si las primera que incumplen la Ley son las administraciones locales, que acumulan deudas millonarias con las empresas privadas.
Esa problemática se agudiza, primero con la propia falta de liquidez de estas administraciones y, segundo, con la prohibición de aumentar su ya elevadísimo endeudamiento. La puesta en marcha de estas nuevas líneas podría servir para el pago de estas deudas, si bien otras iniciativas anteriores en la misma línea no consiguieron aliviar la situación en su momento.
Tampoco sabemos cuál va a ser el criterio del ICO para la concesión de estas lineas, si va a haber "barra libre" o si se manejarán factores de selección que puedan hacer que los Ayuntamientos con mayor nivel de endeudamiento no consigan liquidez, por lo que la efectividad de la medida podría reducirse.
La cuestión principal es que deben darse prisa en solucionar esta situación, el tiempo corre en contra de los "acreedores" y puede ocurrir que, cuando los Ayuntamientos vayan a pagar, sea demasiado tarde.
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