La covid-19 ha afectado a todos los aspectos empresariales que podamos imaginar, desde los contratos de trabajo, el pago de los alquileres, los impuestos y, por supuesto, el cobro de sus facturas. Y aunque las tres primeras han sido debidamente legisladas en los diferentes reales decretos lanzados por el Gobierno durante el estado de alarma, lo cierto es que no se ha atajado uno de los verdaderos problemas de la pyme española: la morosidad.
En este sentido, y según la encuesta realizada por Informa D&B para la elaboración de la séptima edición del libro “Análisis del comportamiento de pago empresarial”, un macroestudio sobre la situación de los pagos en las empresas españolas, el 58 por ciento de las empresas reconoce que ha sufrido una ampliación en los plazos en los que les pagan sus facturas desde marzo de 2020.
La situación económica general continúa siendo el principal problema que se enfrentan las empresas españolas, aunque es mucho mayor que el año pasado, al pasar del 29 al 60 por ciento. Y todo ello a pesar de que, en la fecha de la encuesta, el 91 por ciento de las empresas aseguraban haber recuperado su actividad después de la pandemia.
Y como segundo problema se sitúa la morosidad, con casi el 20 por ciento. El 61 por ciento de las empresas reconoce haber sufrido impagados a lo largo de los últimos doce meses, cuando esta cifra era del 55 por ciento en 2019. También parece incrementarse la cantidad afectada, porque si bien el importe de los impagados es inferior al 5 por ciento de la facturación de la compañía en el 70,5 por ciento de los casos, un año antes lo era en el 91 por ciento.
Quizá este aumento en la morosidad haya provocado un aumento en el número de empresarios que han comenzado a aplicar intereses de demora, al pasar del 14 al 27 por ciento. Además, entre los encuestados, el 40 por ciento opina que la aplicación de un régimen sancionador ayudaría a mejorar el cumplimiento de los plazos de pago, como la medida que más favorecería un cambio de comportamiento, seguida por mejorar las ayudas con un 37 por ciento.
Por último, preocupa que muchas de las empresas encuestadas aseguren que la principal razón para demorarse en los pagos era la intencionalidad, seguida por problemas financieros (con casi el 32 por ciento), y por el 28 por ciento que lo achacaba a problemas administrativos.