El sistema de pensiones necesitará más de 10 millones de nuevos afiliados en los próximos 31 años
Un sistema de pensiones casi quebrado y millones de pensionistas en pie de guerra. Esa es la realidad actual de nuestro sistema público de pensiones. La Seguridad Social no puede soportar todo este coste, y la pirámide demográfica española, la baja masa salarial y el persistente paro estructural hace pensar que el futuro puede ser incluso peor.
Pero, ¿cómo de peor? Cada institución realiza sus propios cálculos y algunos incluso se atreven a dar cifras concretas. Según cálculos de BBVA Research, España necesitará tener al menos 28,5 millones de cotizantes en 2050 para poder pagar las 15 millones de pensiones previstas a esa fecha.
Esta cifra supone que nuestro sistema de Seguridad Social debería sumar 10 millones de cotizantes más a los que hay actualmente en los próximos 31 años para poder pagar las pensiones. Estos cálculos se basan en que, para que el sistema pueda ser sostenible, debe haber al menos dos trabajadores en activo por cada pensionista.
De lo contrario, el déficit permanente que puede provocar este agujero a las arcas públicas puede desembocar en toda una quiebra. Hay que recordar que este déficit alcanzó en 2018 los 18.937 millones de euros y que, entre 2011 y 2018 es de casi 103.000 millones de euros. Una factura que estamos legando a las generaciones futuras.
¿Hay solución?
Ante este más que previsible aumento de pensionistas, BBVA Research sugiere tres caminos alternativos:
- La primera alternativa consistiría en aumentar la presión fiscal, introduciendo más impuestos o recortando el gasto público en otras partidas presupuestarias.
- La segundo alternativa tendría como objetivo acometer reformas estructurales para reducir la tasa de paro, aumentar la tasa de actividad y de empleo, y la productividad y los salarios.
- La tercera alternativa es la de fomentar el ahorro complementario, compensando la reducción de la pensión media sobre el salario medio con más ahorro.
Sin embargo, parece que la única alternativa que contemplan nuestros políticos es la primera, lo que postergaría el problema a un momento futuro y reduciría la competitividad de las empresas españolas.
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