Ni la tarifa planas de autónomos, ni los incentivos para deducirse el IVA, ni la Ley de Morosidad, ni el plan de pago a proveedores, ni las aplazamientos de cuotas ni tantas y tantas medidas y promesas políticas han evitado que uno de los colectivos más castigados en España, que no es otro que el de los trabajadores autónomos, hayan conseguido salir de la difícil situación que atraviesan.
No en vano, y según un estudio que realiza la Comisión Europea anualmente sobre Empleo y Seguridad Social (ESDE), el 35% de los autónomos de entre 25 y 39 años está en riesgo de pobreza, entendiendo como tal el umbral de ingresos que se sitúan por debajo del 60% de la mediana de la renta media anual dentro de la distribución de ingresos, en torno a 11.500 euros al año.
Esta es la segunda tasa más elevada de toda la Unión Europea, tan solo por detrás de Rumanía. De hecho, es un 45% más que la media de la UE y bastante por detrás que otros países como República Checa, Irlanda o Chipre, donde el riesgo de pobreza no llega ni al 10%.
La Comisión Europea apunta a los falsos autónomos como la principal causa del problema, un colectivo que tiene más incidencia entre los jóvenes. De hecho, si nos ceñimos únicamente a los autónomos mayores de 40 años, el riesgo de pobreza se sitúa en línea con el resto de la Unión Europea, en torno al 22%.
Durante la crisis, este modelo de contratación ha proliferado en algunos países, entre los cuales España se encuentra entre las primeras posiciones. No es que su emprendimiento sea peor; es que la mayoría de ellos no son exactamente autónomos económicamente dependientes (los famosos TRADE), sino una modalidad de contratación que vulnera la ley.
No hay otro país de la UE en el que se produzca tal divergencia, lo que significa que existen factores ajenos al mero emprendimiento que explican esta situación, como la mencionada existencia de falsos autónomos. En estas circunstancias, el fomento del emprendimiento no funciona ni funcionará nunca.
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