El nuevo estado de alarma ha supuesto una bofetada para muchas empresas. Es la constatación de la sospecha que muchos tenían de lo que se avecina en los próximos seis meses como mínimo, aunque puede que se prolongue hasta el próximo verano. Una facturación exigua con la que apenas llega para cubrir gastos. Y esto supone que el concurso de acreedores está en el horizonte cercano de muchos pequeños negocios.
Y esto por diferentes motivos. Por un lado aquellos que han pedido créditos al ICO están empezando a pagarlos sin que su facturación se haya normalizado. Además ven como sus alquileres siguen siendo altos, los mismos de la época de bonanza, que en muchos casos aseguraban clientes a la puerta de los mismos, pero ahora en el mejor de los casos solo aseguran gente que pasea por delante de los mismos.
Este es el principal de sus problemas. Los ERTES son un parche, tanto para los trabajadores como para las empresas, pero no suponen una solución para muchos de ellos. Tienen menos gastos laborales, pero igual habría ocurrido si les hubieran permitido despedir. Y claro, cuando se pensaba que esta situación iba a durar tres o cuatro meses el planteamiento era resistir, pero si se prolonga uno o dos años, cambia totalmente. Y muchas empresas están en riesgo serio de quiebra.
Porque seguro que muchos negocios preferirían haber cerrado sus puertas al principio de la pandemia. Minimizar pérdidas, indemnizar a los empleados y esperar a tiempos mejores. Uno o dos años de parón o poder iniciar la actividad ya en otras condiciones, por ejemplo, un alquiler mucho más bajo o una menor necesidad de personal.
Ahora puede ser tarde y lo único que queda es el concurso de acreedores, intentar no acabar con más deudas de las necesarias y poder guardar algo para que cuando la situación mejore volver a montar otra empresa que pueda ser viable. Y esto es algo que no todo el mundo puede hacer, pero que algunos ya se plantean viendo como va la situación actual.
Para el caso de los autónomos, esto supone en muchos casos una salvaguarda de no consumir sus ahorros o en el peor de los casos su patrimonio. Porque en muchos casos solo mantener el negocio en marcha, supone más dinero del que luego en realidad facturamos. Muchos mantienen la actividad pensando en minimizar pérdidas, pero la realidad del año en muchos casos ni siquiera da para pagar gastos. No hablamos ya de tener beneficios o un sueldo.