Con la demanda interna casi paralizada, todos los días recibimos mensajes de los políticos y de muchos economistas afirmando que la única salida posible de la crisis que tiene nuestro país es vender nuestros productos y ofrecer nuestros servicios a otros países que estén dispuestos a comprarlos. Para ello, los expertos recomiendan reducir los costes empresariales para hacer los productos más baratos y, por tanto, más atractivos a los mercados externos, recomendando para ello una reducción de los costes laborales.
Si bien yo estoy de acuerdo con que las empresas han de mejorar su competitividad con respecto a otros países, esto no siempre pasa por reducir costes, y mucho menos por reducir los costes laborales. Como se ve en la gráfica adjunta al artículo, el precio de la electricidad en España está siendo un enorme lastre para que las empresas puedan reducir sus costes operativos y, por ende, su competitividad con respecto al resto de países, no ya de la Unión Europea, si no de todo el mundo.
Y es que España es el tercer país con la electricidad más cara de toda Europa, solamente superado por Malta y Chipre, cuando hace tan solo seis años estaba prácticamente en la media de la Unión Europea. El monstruoso déficit de tarifa que se ha ido generando en estos últimos años no ha parado de crecer, y las continuas subidas en el precio de la electricidad han sido y seguirán siendo una constante para liquidar toda la deuda generada por el déficit de tarifa contraído hasta ahora, que asciende hasta los casi 24.000 millones de euros.
Viendo el panorama, cabe ser pesimistas en este aspecto. La electricidad no solo no va a bajar de precio, si no que va a seguir subiendo, limitando los márgenes empresariales y, por tanto, nuestra competitividad. Este es un grave problema que, en mi opinión, no se está tratando con la debida diligencia e importancia que merecería.
Cuando se imponen unas ciertas tasas e impuestos a las pymes, así como la dificultad de acceso a algo tan necesario como la electricidad, difícilmente podemos pedir que las empresas hagan esfuerzos adicionales para limitar estos costes, cuya reducción podría haber pasado por una menor intervención estatal y en ofrecer mayores facilidades a las empresas, sobre todo a las más pequeñas.
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