El Gobierno obligará a todos los proveedores de la Administracion que les emitan facturas de importe superior a 5.000 euros a abandonar la emisión em papel y tendrán que recurrir a la factura electrónica. A partir del 15 de enero de 2015 este procedimiento será obligatorio y tambián alcanzará a las empresas privadas "prestadoras de servicios de especial trascendencia económica".
De esta manera se aumentará el control sobre los pagos de las Administraciones, que deberá producirse en un máximo de treinta días, y se evitará que esos gastos no se reflejen contablemente hasta ejercicios posteriores porque queden "olvidados " en algún cajón.
Se creará un registro general de entrada de facturas electrónicas para cada Administración, en el que quedará constancia de la recepción. Para ello las facturas tendrán un formato predeterminado con firma y sello electrónico.
Antes de efectuar el pago las Administraciones Públicas enviarán a la Central de Información de Pagos los datos de cada proveedor y el importe a pagar, con el que se controlará si se cumple el plazo legal. Los órganos de control interno emitirán anualmente un informeen el que se evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad.
Estos organismos también elaborarán un informe trimestral sobre las facturas sin pagar que lleven más de tres meses registradas, de tal forma que se pueda proceder contra las administraciones o empresas públicas incluidas en el registro de morosos y ésto será tenido en cuenta a la hora de conceder préstamos a quienes no estén al corriente de pago.
De esta forma se pretenden ofrecer mayores garantías a los proveedores para que éstos puedan trabajar con las distintas Administraciones sin que tengan que sufrir los riesgos derivados del ya habitual y excesivo retraso en los pagos.
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