No cabe duda que la morosidad sigue siendo uno de los principales problemas de las empresas españolas. Son muchas las empresas que continúan recibiendo tarde el abono de sus facturas, cuando no acaban siendo impagadas. Y las medidas como la Ley de Morosidad o el plan de pago a proveedores no han resuelto este problema.
A ello ha contribuido el hecho de que las propias empresas hayan aceptado esta realidad. Según el Informe Europeo de Pagos, elaborado por Intrum, el 57% de las empresas españolas sigue aceptando plazos de pago más largos a los establecidos inicialmente.
Este dato es 15 puntos superior al porcentaje del año pasado, y viene motivado, en muchos casos, por la falta de conocimiento de la directiva europea antimorosidad, que establece un periodo máximo de pago de 60 días para las empresas y de 30 días para las administraciones públicas.
Pero además, las empresas ni siquiera hacen uso de los derechos recogidos en la directiva europea antimorosidad. Entre estos derechos, se establece que los acreedores con facturas impagadas pueden reclamar 40 euros a su proveedor a modo de indemnización por la gestión del cobro de la deuda.
Sin embargo, tan solo el 20% de las empresas hacen uso de este recargo, al mismo nivel que otros países de nuestro entorno como Francia, y por encima de otros países como Suecia o Noruega, donde tan solo el 15 y 14% de sus empresas suma un recargo de 40 euros a las facturas impagadas.