El pasado lunes, el Gobierno presentó definitivamente los Presupuestos Generales del Estado para 2019. A falta de aprobación parlamentaria definitiva, lo cierto es que la estimación de ingresos y gastos no ha dejado indiferente a nadie. Contemplan un incremento de los ingresos tributarios del 11,9%, hasta 128.930 millones, y 151.430 millones de euros por cotizaciones sociales, un 7% más.
Pero si hay un capítulo que merece especial mención es el de cese de actividad. El 1 de enero entró en vigor la obligatoriedad de cotizar por esta cobertura para todos los autónomos, además de por contingencias profesionales, lo que elevó el tipo de cotización al 30%, además de un aumento de la base de cotización de 1,25%. En términos absolutos, un autónomo que cotice por la base mínima paga este año 5,36 euros más al mes que el año pasado.
Gracias a la extensión a todo el colectivo de autónomos del cese de actividad, el Gobierno estima una recaudación solo por esta cobertura de 322 millones de euros, lo que implica un incremento significativo con respecto al año pasado, del 141,7%. Sin embargo, y dado que las condiciones para obtener la prestación se flexibilizan, el crédito destinado a esta partida también se incrementa de forma significativa.
En concreto, para 2019, se ha dotado de un crédito de 105 millones de euros para cese de actividad, un 402% más que el año pasado, además de incluir el pago de las cotizaciones sociales a partir del sexagésimo primer día en situación de incapacidad temporal. Así se detalla en la página 293 del tradicional libro amarillo.
Con estas estimaciones, el cese de actividad seguiría siendo una de las partidas más rentables de los PGE. Hasta 2018, el 87% de la recaudación por prestación por cese de actividad no ha revertido en protección para los autónomos, lo que supone un superávit para la Seguridad Social de unos 126 millones de euros al año. Apenas se destina un 11% de lo recaudado a abonar prestaciones por esta causa.
Con estas cuentas, el superávit aumentaría hasta los 216 millones de euros, un 71% más, a pesar de la mejora en las prestaciones para los autónomos, de modo que el cese de actividad continuará siendo un auténtico chollo para las arcas públicas.